El inicio de las obras del nuevo casco urbano de Gramalote para edificar la plaza de mercado, el centro administrativo municipal, la plaza principal, las calles y andenes, así como la conformación de los lotes para construir las viviendas de los gramaloteros está más cerca, debido a que ayer se firmó el acta de inicio de las mismas, con el consorcio Munguí.

Sin embargo, una duda fue puesta en evidencia durante la mencionada firma con respecto a lo que ocurrirá con un grupo de gramaloteros que no quedarían en las mismas condiciones de adjudicación de vivienda que los demás damnificados.

Al respecto, el gobernador encargado, Cristian Buitrago aseguró que se remitió una carta al Fondo Adaptación haciendo algunas sugerencias y solicitudes relacionadas con el tema.

En este sentido, La Opinión conoció que un grupo de casi cien  personas, entre propietarios no residentes al momento de la tragedia, y otras que hoy en día tienen una propiedad podrían no recibir las casas que se prevé construir, aunque sí una medida de compensación.

Según se dijo, estos gramaloteros deberán demostrar su vulnerabilidad pero la gobernación aún no tiene claridad sobre cuáles serían los criterios para que los daminificados efectúen este proceso y de ahí, el origen de la petición.

Por otra parte, Buitrago pidió al Fondo incluir otros equipamentos que se sumen a los que se construirán luego de esta primera fase de urbanismo, como el matadero municipal, la cancha de fútbol, y la estación de policía.

“Es necesario ponernos de acuerdo y restituir el municipio, con claridad en el procedimiento del retorno de las familias a su lugar de origen”, dijo el funcionario.

Aun así, manifestó que este nuevo paso es un gran avance de lo que por años se ha trabajado.

Las respuestas

Sobre las inquietudes presentadas, el gerente del Fondo, Germán Arce aseguró que se revisará la solicitud de la gobernación, a la que ya se le había dado respuesta pero que se hará la revisión.

“Hay un plan de reasentamiento que es individual y voluntario y nos sentaremos con cada propietario para analizar su situación”, aseguró.

También dijo que cada caso tiene sus propias condiciones como sucesiones familiares, problemas de tenencia, viviendas en riesgo, que deben solucionarse antes de tomar decisiones.

Agregó que hay unas reglas generales, según las cuales se contempla garantizar el derecho a la vivienda.

“Mucho del ruido que se genera se asocia con aquellos que tenían varias propiedades y en ese caso, el Estado no actúa como compañía de seguros”, dijo. “Somos garantes únicamente de derechos fundamentales”.

Por ello, insisitó en que con Gramalote se está solucionando un déficit habitacional pero no se está dando patrimonio a la gente.