La Procuraduría General de la Nación presentó una serie de observaciones al ministro de la Presidencia de la República, Néstor Humberto Martínez, sobre el Plan de Reasentamiento del nuevo casco urbano de Gramalote, Norte de Santander.

El Ministerio Público destacó que pasado más de un año de radicada la solicitud de licencia ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) para las obras previstas, existe todavía “incertidumbre sobre datos relevantes”, lo que impide dicha expedición y la de otros permisos en materia ambiental.

Según comunicación de Corponor a la Procuraduría, fechada el 19 de marzo de 2015: “Se logró establecer que el proyecto no contaba con el diseño definitivo de la vía (…) y que el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, presentado a nombre de la Alcaldía de Gramalote por el Fondo de Adaptación no disponía de información y claridad suficiente en los aspectos técnicos, ambientales y sociales”.

La Procuraduría solicitó “los buenos oficios del señor ministro de la Presidencia a fin de garantizar la corrección oportuna de los eventuales pendientes del Fondo de Adaptación en la materia, incluyendo lo referente a la titularidad de la licencia, pues según Corponor, su trámite no puede ser responsabilidad del municipio de Gramalote”.

Frente al Plan de Reasentamiento

La Procuraduría rechazó la propuesta del Fondo de Adaptación en el Plan de Reasentamiento y Reubicación al estimar que “posiblemente no se ajusta a esos postulados básicos constitucionales, en la medida que los criterios para reparar a las familias afectadas por la tragedia natural se concentran en un enfoque poco garantista de los derechos de las personas, acentuando los perjuicios ya causados por el evento”.

“Pretender que una familia damnificada no sea sujeto de la protección del Estado en un Plan de Reasentamiento por el hecho de tener otro bien o residir en un sitio diferente al momento del evento catastrófico siendo propietarios, es desconocer la protección que brinda no solo la Constitución sino las leyes, los tratados y convenios internacionales”, agrega.

Según el análisis de la Procuraduría, que el Fondo de Adaptación dé un posible trato diferencial a los damnificados de Gramalote puede significar un atentado a la garantía de sus derechos fundamentales.

El Ministerio Público sugirió al ministro de la Presidencia y a las entidades responsables de garantizar la reconstrucción de Gramalote, revisar experiencias de reasentamiento en el país por parte de la Unidad de Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres e insistió en que la comunicación allegada obedece a la intención de fortalecer las decisiones que frente al reasentamiento adopte el Gobierno a través del Fondo de Adaptación, a fin de garantizar la construcción de un Plan de Reasentamiento ajustado a los principios del Estado Social de Derecho.