Magaly Carvajal, Carlos Gómez y Alberto Varela forman el grupo de expertos que, desde hace tres años comenzaron un litigio jurídico para defender a los habitantes de San Bernardo de Bata, el sonado corregimiento de Toledo que, al menos por una semana, lideró los titulares de varios medios de comunicación.

Comenzaron con visitas técnicas y la recopilación de elementos que permitieran probar que la emergencia era técnicamente previsible y que había posibilidad de mitigar los riesgos, especialmente después del último evento similar que se registró en 2012.

Inicialmente, dicen, la atención se centró en los deslizamientos sobre la banca de la vía La Soberanía, y aunque entienden la importancia estratégica de la misma, advierten que este no es el único punto sobre el que la naturaleza se ensañó.

Como se dijo, una calamidad similar se presentó antes, con el colapso de viviendas y el inminente peligro para aquellas que apenas hace días se desplomaron.

La advertencia, basada en datos de Corponor y también de sus propios estudios, fue casi profética porque 20 casas quedaron afectadas, se cayó un puente hamaca, y ahora hay más viviendas perjudicadas que antes.

Ante las evidencias de que algo más grave estaba ocurriendo, instauraron dos recursos ante la justicia. Una tutela para prevenir la pérdida de vidas humanas debido a la evidencia de zonas en las que actualmente hay hundimientos y en las que los ingenieros coinciden en otra visión: la ladera se va a hundir por completo, hasta llegar al río Margua.

Sumada a la anterior, se presentó una acción popular en la que se pide el amparo de los derechos colectivos como la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas expuestas al previsible desastre.

Dentro de la acción popular se solicitaron medidas cautelares de urgencia entre las cuales figura la implementación de un sistema de alertas tempranas, la reubicación de las familias en peligro y adelantar estudios geológicos de la región.

Pese a que la acción fue apelada se sostuvo la demanda a nueve entidades: Alcaldía, Gobernación de Norte de Santander, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Corponor,  Ministerio de Ambiente, Ecopetrol, gasoducto, Invías, y  Ministerio de Minas.

Según la abogada Carvajal, la razón de demandar a estas instituciones obedece a su grado de responsabilidad con San Bernardo, especialmente de aquellos que tendrían un compromiso mayor por su actividad productiva.

“Hay un factor contribuyente en la tragedia, y es que no solo las condiciones físicas de la ladera afectan la estabilidad del suelo, sino que la infraestructura de hidrocarburos, que lleva unos 30 años en esa parte del departamento, cruza el centro poblado ubicado en la parte alta de la ladera y atraviesa por lo menos cinco nacimientos de agua que perdieron su cauce y discurren como aguas subterráneas”, asegura.

Esta circunstancia, reitera, ha llevado a que a San Bernardo no solo le afecte la lluvia, sino la gran cantidad de aguas subterráneas que buscan salida y se evidencian en las humedades de las viviendas de centro poblado que alcanzan el metro de altura.

Este factor pone en riesgo a toda la localidad, razón por la cual dicen que no hay otra salida: evacuar a las 1.500 familias es la única alternativa para evitar que en una próxima oportunidad muera gente.

Incidente de desacato

Esta misma semana, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander abrió un incidente de desacato en contra de Yorjan Triana, alcalde de Toledo; Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y Edgar Díaz, gobernador del departamento.

El documento, remitido el 10 de junio, explica que los demandados tenían 48 horas para contestar y aportar las pruebas pertinentes con el fin de rendir informe sobre las medidas cautelares de urgencia decretadas mediante auto del 18 de septiembre de 2012. Igualmente, se solicitó a la Cruz Roja informar sobre estudios hechos en San Bernardo con ocasión del movimiento de tierra.

Desde la Gobernación, la Oficina Jurídica dio a conocer el expediente en el que efectivamente se pidió, en el punto de las medidas, la instalación del sistema de alertas tempranas, que de hecho fue ubicado, así como los estudios geológicos que permitieran identificar la problemática y las medidas de mitigación.

Este último estudio se realizó por parte de la Asociación Colombiana de Geotecnia, y es con base en este documento que el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo ha tomado decisiones técnicas para proteger la zona.

Aun así, el equipo de expertos pide ampliar la cobertura del estudio para que se incluya un análisis del oleoducto, pero la respuesta de las entidades es que este no se abarca debido a que no es el único factor detonante del siniestro.

Dos semanas y no se avanza

El gobernador encargado, Cristian Buitrago, llamó la atención del alcalde de Toledo, Yorjan Triana, por la demora en la selección del predio donde se construirán las viviendas para las familias damnificadas por las lluvias de 2012 y 2015.

El compromiso de la administración municipal quedó refrendado durante el Consejo de Gestión de Riesgo, en San Bernardo, donde Triana manifestó que  enviaría las escrituras del predio entre el 8 y el 12 de junio, pero hasta la fecha no lo ha hecho.  

La Opinión dialogó con el mandatario, quien aseguró que solo se está a la espera del certificado de libertad y tradición del predio, y que con ese documento se hará entrega de inmediato de los requisitos exigidos por la administración departamental.

Así mismo, mostró su inconformismo por los retrasos en el censo que debe efectuarse en la zona, porque faltan 13 veredas que son de difícil acceso, y  a las que los delegados enviados desde Cúcuta no han podido llegar.

“Tenemos las veredas de Belén, Santa Catalina y San Alberto, esta última a siete horas a pie”, dijo. “Por eso propondré tenerles alojamiento y comida, porque el viaje todos los días para que lleguen a Toledo demorará todo”.

Helena Sánchez / La Opinión