Ocho familias, de 400 involucradas en los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, son las únicas reincidentes luego de la intervención hecha por el el Departamento para la Prosperidad Social.

Este fue uno de los aspectos destacados por la subdirectora de la entidad, Mariana Escobar, luego de que la semana anterior se realizara un ciclo de reuniones con la Asociación Campesina del Catatumbo.

Esocbar, que habló en exclusiva con La Opinión, manifestó que el DPS está satisfecho porque la gente respondió y ha estado firme en el propósito de no reincidir en el cultivo de coca.

Según comentó, cuando se hicieron las visitas de verificación con Naciones Unidas se encontró que solo el 2 por ciento de las familias retomó la actividad, pero en menor escala.

Por ello destacó el “enorme compromiso de parte de las comunidades campesinas para salir adelante y sustituir su forma de vida, junto con su fuente de ingreso”.

Sin embargo, el gobierno nacional ha señalado que en la zona del Catatumbo la producción de la coca se ha incrementado, a pesar de las actividades que se acordaron luego del paro de 2013.

Al respecto, la funcionaria manifestó que el DPS podría comenzar a acompañar a las comunidades que desarrollan dicha actividad pero todo depende de que la Unidad de Consolidación que es la entidad encargada de adelantar estos programas.

“En esta ocasión se hizo a través del DPS, pero es misión de la Unidad, aunque sabemos que la región del Catatumbo está focalizada y priorizada”, dijo.

De acuerdo con la directora, si la unidad de consolidación continúa con este propósito y hay voluntad de las comunidades de sustituir los cultivos de uso ilícito, el gobierno apoyará con programas de desarrollo alternativo a las familias, como hasta ahora.

“Ya tenemos identificadas a  las personas que van a ingresar a un esquema de trabajo de impacto social y comunitario, por ocho meses, en sus veredas”, aseguró.

Este compromiso le otorgará un salario mínimo legal a las familias durante este tiempo, y se suma al mecanismo de trabajo temporal que durante cuatro meses se llevó a cabo el año anterior.

“Creo que esto ha sido de gran ayuda para que la comunidad reemplace los recursos que recibía por el cultivo de coca con un empleo formal”, puntualizó.