La minería de oro en Santurbán representa el fin de nuestra existencia. De mi padre aprendí este oficio y con la delimitación seguimos explotando estas tierras, pero vamos camino a la extinción.

Así, resume Orlando Gamboa García, presidente de la Asociación de Mineros de Vetas (Santander), y representante de la Sociedad Minera Trompeteros Ltda., los alcances de la delimitación del páramo.

“Los títulos que estaban aprobados antes del 9 de febrero de 2010, pueden seguir hasta su terminación. Sin embargo, que será de nuestras vidas luego, no conocemos otro oficio”, dijo.

A la par, el sindicato de mineros de la provincia de Soto Norte, en Santander, representados por Fredy Gamboa Durán, denuncia que el Gobierno Nacional se limitó a emitir una resolución de delimitación y a generar programas de empleo temporales que no satisfacen las necesidades de las comunidades.

Sin embargo, el Congreso colombiano recientemente aprobó el Plan Nacional de Desarrollo que regirá hasta 2018. El senador Iván Cepeda fue uno de los promotores de votar negativamente los artículos que avalan la minería a gran escala en el páramo y permiten conceder ‘licencias express’.

Pese a ello estos pasaron y se “está legitimando los proyectos mineros en páramos como Santurbán. Hay una estrategia para burlar la protección de estos ecosistemas y beneficiar a empresas como Eco Oro, AngloGold Ashanti y Mineras Paz del Río. Por eso, demandaremos el Plan Nacional de Desarrollo por inconstitucional”.

A las críticas de Cepeda respondió Luis Alberto Giraldo, exgerente de Santurbán y actual director del Sistema Nacional Ambiental, diciendo que el senador y demás detractores están desinformados y la pregunta que debían hacerse es qué hacer con la minería ancestral que hay en el territorio y procesos de formalización en curso.

En torno al beneficio para tres grandes compañías, la Agencia Nacional de Minería (ANM) dijo que eso no es cierto y que la exclusión de estas actividades de los ecosistemas de páramos surgió con la Ley 1382 del 9 de febrero de 2010 –modificó el Código de Minas–.

En ese sentido, la ANM señala que los títulos otorgados con anterioridad a esa fecha están dentro del marco jurídico vigente para esa época y por tanto son ciento por ciento legales. Sin embargo, aclara que cada título se analiza por separado para definir el estado en que queda.

El seguimiento y control a los contratos de concesión será una labor compartida entre la ANM y las autoridades ambientales, que para el caso de Santurbán son la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Lo grave de acuerdo con mineros como Orlando Gamboa García y Fredy Gamboa Durán, es que el Estado no ha sido ágil para definir el estado de los títulos y los proyectos en curso soy insuficientes.

Hoy la CDMB está haciendo un diagnóstico de la minería en Vetas, California y Suratá, buscando en el mediano plazo que el uso del mercurio y el cianuro se reduzca en las prácticas mineras. En ese proceso se invierten $1.756 millones, en conjunto con el Ministerio de Minas.

Además, la corporación implementa alternativas para evitar la minería ilegal en áreas delimitadas y diseña planes de negocios para 30 familias que residen en el área con óptimos niveles de conservación. Este proyecto, que se ejecuta en alianza con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el Ministerio de Ambiente, tiene un valor de $1.138 millones.

Conservación, prioridad de los campesinos

Soy privilegiado de vivir hace 20 años en la zona de amortiguación del páramo de Santurbán. Para convencer a mi familia les hice unos dibujos de la cantidad de agua que hay en la zona y de la belleza de sus paisajes.

Ellos estuvieron de acuerdo en ir a vivir a la finca ‘El alto de las nieves’, ubicada en la vereda Ermitaño, a nueve kilómetros del área urbana de Salazar de las Palmas (Norte de Santander).

Así, relata Rodolfo Amaya Pérez, de 57 años, los inicios de su experiencia de vida en Santurbán. Para llegar a su finca hay que caminar por empinados cerros, hasta que se llega a los 1.750 metros sobre el nivel del mar.

Para él, la zona de amortiguación es una cerca que protege a Santurbán y para el caso de Salazar, en ella habitan 380 familias.

“El Gobierno Nacional delimitó el páramo, pero si no ofrece garantías a quienes vivimos en la cerca, a nosotros que somos los guardianes del agua que nace en Santurbán, se perderá el altísimo nivel de conservación”, dice.

Rodolfo, orgulloso de su actividad como campesino, afirma que su plan favorito es recorrer cada área de su finca y admirar una cascada de más de 80 metros de altura. Sin embargo, él, como otros campesinos, están temerosos por el futuro de sus predios y del páramo que por décadas les ha proveído lo necesario para vivir bien y sin afectar el equilibrio biológico.

Curiosamente, desde que se delimitó el páramo, han pasado cinco meses y las socializaciones que prometió el Ministerio de Ambiente en cada municipio de Norte de Santander con jurisdicción en Santurbán, para aclarar dudas a los campesinos, no se han hecho.

Corponor, de manera particular, inició ese proceso en el municipio de Mutiscua.

Además, el director de Corponor, Luis Lizcano Contreras, señala que los recursos por $1.000 millones prometidos por el Ministerio de Ambiente para apoyar la socialización en los 20 municipios que están dentro del páramo y la zonificación de 2.400 predios, se quedaron en anuncios, pues no conocen el estado de esa inversión ni que entidad es la encargada de coordinarlas.

Así, señala Lizcano que la delimitación le generó a la corporación problemas de logística, por tanto deben atenderse las obligaciones de la resolución de delimitación (2090 del 19 de diciembre de 2014) y ello requiere de apoyo financiero. Además, “lo más complicado es responder ante las comunidades por los conflictos sociales que se derivan del uso económico de sus predios”.

Además, para formular estrategias ambientales y socioeconómicas que sean sostenibles, encontraron que la zonificación hecha por el Ministerio de Ambiente y plasmada en la cartografía de la resolución de delimitación, tiene imprecisiones en las áreas de páramo conservado, zonas de restauración y de agricultura sostenible.

A esa conclusión se llegó luego de “aplicar herramientas, escalas, metodologías y de hacer un trabajo de campo. Por tanto, debemos hacer una zonificación predio a predio”.

Luis Alberto Giraldo, director del Sistema Nacional Ambiental, afirma que durante los dos primeros meses de este año acompañó como gerente de Santurbán jornadas de trabajo en Cúcuta y en Bucaramanga, en las que el Gobierno Nacional se comprometió con recursos por más de $10.000 millones.

“El dinero es para proyectos productivos que deben ser canalizados por los alcaldes, para vivienda, créditos hipotecarios y formalización de la propiedad rural”, dijo. “En marzo asumió Gilberto Álvarez la gerencia y él es quien quedó haciendo el seguimiento a esas inversiones”.

Álvarez, al ser consultado por el tema, remitió a una grabación del ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, en la que solo habla de minería y no se refiere a las inversiones prometidas para socialización, manejo agrícola y predial.

Entretanto, en Santander, en torno al tema de conservación, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) afirma que se están desarrollando actividades de restauración en áreas protegidas, en las que se invierten $1.847 millones.

Además, tienen un proyecto de aislamiento para la protección de nacientes de agua ubicadas en los municipios de California, Vetas, Suratá y Tona. Para ello se contrataron 100 empleos temporales y a cada campesino se le paga un salario mínimo mensual.

El que se hayan empezado inversiones solo en Santander, es calificado por habitantes del páramo en Norte de Santander como Rodolfo Amaya Pérez, como inadmisible, por tanto el Gobierno siempre le ha dado más importancia a los vecinos, al ser allí donde hay impacto minero.

“Veo difícil que en el mediano plazo se cumplan promesas como el pago por servicios ambientales. Todos hablan de conservar, pero a la hora de actuar pocos son los resultados”, señala Rodolfo.

Él, quien dio su testimonio admirando la imponencia de los cerros de Santurbán, dice que pese a la lentitud con que conocen los alcances de la delimitación en materia agrícola y predial, es optimista por el futuro del páramo y espera en el futuro sean sus hijos quienes lo cuiden.