“El estudiante aduce que va a ser sacado de la universidad, por 36 meses, pero el consejo académico no ha tomado ninguna determinación para sancionar a nadie”, dijo el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, Héctor Parra, sobre la huelga de hambre de Carlos Bolívar, estudiante investigado por acusar a la administración, de “corrupta y clientelista”.

El proceso contra el joven se originó en abril del año pasado, cuando el consejo académico comenzó la investigación porque el estudiante publicó las acusaciones en un blog de la llamada Procuraduría Ciudadana UFPS, la que lidera Bolívar para “denunciar casos de corrupción”.

Según Bolívar, no debió haber sido sujeto disciplinable, debido a que sus declaraciones fueron hechas como veedor y no como estudiante, razón por la cual interpuso una tutela.

Pese a que un juzgado ordenó dejar sin efectos las investigaciones adelantadas, la universidad impugnó la tutela y se determinó que Bolívar sí podía ser investigado e incluso podrían adelantarse procesos por posible injuria institucional.

Sin embargo, en la más reciente sesión del consejo superior se estableció que una comisión de jurídicos de la Gobernación y la universidad analizarán el caso, pero hasta ahora no hay sanción en firme.

El mismo gobernador, Édgar Díaz, aseguró que está “suspendida cualquier acción contra los estudiantes”, y aunque Bolívar reconoce que no ha sido notificado y que fue por rumores de una posible sanción que inició la huelga de hambre, su decisión de permanecer en este estado hasta que se levante el proceso, sigue en pie.

Otras peticiones

Además de pedir que cese la investigación en su contra, Bolívar presentó un pliego de peticiones en el que exige un tratamiento similar para dos de sus compañeros, también investigados por faltas disciplinarias.

Igualmente, hay 9 puntos relacionados con la modificación del calendario electoral y las condiciones de designación del rector, lo cual “es inconstitucional e imposible”, según Parra, dado que implicaría cambiar la Ley 30 y alterar un proceso de consulta democrática que ya está en marcha.

De otra parte, se pide incluir el inglés en el pénsum académico, aumentar el número de beneficiarios de almuerzos, instalar bebederos de agua potable, aumentar la planta docente y congelar la matrícula, entre otros.

Sobre estos puntos, Parra asegura que sí puede haber algún tipo de consenso, pero algunos deben ser estudiados con detenimiento para no afectar a la universidad.

“Tenemos una de las matrículas más bajas del país, en la que los estudiantes pagan 483 mil pesos, es decir, un 75 por ciento del salario mínimo, lo cual es justo con ellos y con la universidad”, dijo.

La comunidad está a la espera de que mañana sesione el consejo superior, en el que se evaluarán los puntos electorales, ante lo cual Bolívar manifestó que espera “voluntad para negociar”.

De lo contrario, seguirá su huelga indefinida o, al menos, hasta que su organismo resista.