Esa fue la afirmación contundente del viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados que habló en exclusiva para La Opinión sobre los avances que se han dado en la Mesa  de Interlocución y Acuerdo culminada ayer con los voceros de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Para el funcionario, la prioridad es clara: garantizar los derechos colectivos pero con especial cuidado sobre las negritudes y los indios del Catatumbo.

Díaz Granados reiteró que el gobierno será muy cuidadoso al momento de estudiar la pretensión de Ascamcat de legalizar la Zona de Reserva Campesina (ZRC), con el fin de que no se vulneren los derechos de las comunidades. “Hemos sido claro en esos temas y ellos (Ascamcat) así han de entenderlo”, dijo.

En este sentido, señaló que se avanzará al ritmo que sea necesario para evaluar el tema de la ZRC, sin negar que esta es también otra prioridad del gobierno nacional.

“Entendemos nuestras responsabilidades pero la mesa no se puede convertir en un mecanismo en el cual hay horas límites y fechas límites para efectos de la toma de decisiones que revisten tal importancia”, puntualizó.

Avances y preocupaciones

Si bien es cierto, los acuerdos de confianza que se suscribieron hace dos años permitieron que los diálogos de la mesa avanzaran con rapidez y eficiencia, el tema de la ZRC fue uno de los que tuvo mayor dificultad.

Para el viceministro, la razón radica en que es un asunto que requiere serenidad, tranquilidad y cuidado para garantizar que cada una de las partes no resulte afectada y que los marcos legales y constitucionales que determinan su realidad tengan un análisis detallado.

“Lo que entendemos y percibimos es que hay mucho interés por parte de la Asociación Campesina para que el tema sea resuelto de forma inmediata”, comentó. “Pero la complejidad del tema amerita detenerse para que este proceso resulte bien, pero no antes”.

Por lo anterior, dentro y fuera de la mesa se consideró que la definición de la Zona debe llegar a un nivel directivo más alto.

“Así hemos quedado con ellos (Ascamcat) y aceptaron llevar el tema a una instancia superior de decisión y lo haremos con un mensaje más claro en los próximos días”.

Dicho ‘traslado’ significará realizar una consulta entre los ministros de las respectivas carteraas y los asesores del gobierno nacional que tienen un nivel decisorio superior a quienes actualmente tienen asiento en la mesa de diálogo.

Entre los actores que debatirían, en principio, los asuntos de la ZRC están el ministerio de Agricultura, el Incoder, el ministerio del Interior, y Presidencia que tomarán el tiempo necesario para decidir definitivamente sobre este particular.

De otro lado, Díaz Granados indicó que al gobierno le preocupa que en el Catatumbo estén conjugados tantas comunidades cuyas condiciones hacen que el proceso  de conversaciones sea lento, a pesar de estar reglamentado en las leyes de la república.

En otras palabras, la convivencia de comunidades y minorías étnicas entre negritudes e indígenas, la presencia de campesinos y la solicitud que están haciendo, el área de reserva natural, las condiciones de conflictividad y el empresariado que se instaló en la región para generar actividades productivas en el campo, hacen que, en todo caso, el gobierno tenga en cuenta la totalidad de los actores y garantice los derechos, en particular, de las minorías étnicas, según aseveró el viceministro.

Aún con las dificultades, sí ha habido avances. Un ejemplo fue la entrega del banco de maquinarias por parte de la gobernación de Norte de Santander, para mantener cerca de 350 kilómetros de vía, y el compromiso de inversión para construir el Anillo Vial de la Paz, una infraestructura que aliviaría la movilidad del Catatumbo.

Sin presiones

De acuerdo con el vocero del gobierno, hasta el momento, no se hicieron anuncios de paro en el desarrollo de la mesa de interlocución, lo que generó más confianza para continuar con el diálogo y en ningún momento se ha sentido presión por parte de Ascamcat.

Por eso, el viceministro enfatizó en que el gobierno no le resta importancia a los acuerdos del Catatumbo tema y que está comprometido con estudiarlos y evaluar las condiciones para que de un proceso que necesita cumplir con el marco constitucional y legal colombiano.