Nelson Cáceres es el propietario del chircal Los Ángeles, ubicado en el corregimiento de Cornejo, en San Cayetano. Pese a que le ha dado trabajo a 32 cayetenses, el 31 de marzo despedió a 12 operarios, incluidos un desmovilizado y un discapacitado.

Según dice, “una mala interpretación de un fallo de una acción popular desde la Alcaldía” le impide sostener la empresa, porque la administración emitió un decreto que impide el tránsito de vehículos de carga pesada, situación que lo afecta.

La decisión de la alcaldía se originó en el amparo de los derechos de los habitantes de la calle 10 del barrio La Cruz, vía de acceso al chircal, debido a que demandaron por contaminación, daños a las viviendas y riesgo para los habitantes.

En dicho proceso, hubo tres involucrados: Jairo Táutiva, que extraía arcilla y usaba la calle, según los ciudadanos, para transportar al menos 40 volquetas diarias.

Cerámica Andina y Los Ángeles también vinculados, fueron eximidos de toda responsabilidad, según el fallo.

En cuanto se tomó la decisión, Táutiva terminó su actividad y se marchó, pero aún con el fallo, la Alcaldía consideró que para garantizar la seguridad pública debía prohibir el tránsito de vehículos de carga pesada.

“En nuestro caso, entran máximo cuatro camiones diarios y a la semana dos viajes de carbón, y la afectación es mínima”, dijo Cáceres. “Le he dicho a la alcaldesa que arreglar la vía que me vale unos $100 millones, tal como hace Cerámica Andina en la cuadra anterior, pero me dicen que no”.

Cáceres producía, hasta febrero, 300 mil bloques, y hoy va en 150 mil que no puede cargar directamente en la planta, pues debe hacer más de cinco viajes con carros pequeños hasta la vía principal, lo que ha incrementado los costos de 180 mil pesos, a $500 mil por carga.

“Pusimos una acción de tutela para que se restablezcan los derechos porque el daño es inminente”. Al respecto, la alcaldesa Celina Rubio dijo el decreto se emitió de acuerdo con las normas de tránsito y el esquema de ordenamiento territorial para dar respuesta a la acción popular, a pesar de la afectación que genera para algunas personas.

“Nos duelen los trabajadores y sabemos que es una situación polémica pero la administración no se puede arriesgar a que se abra una investigación por desacato al fallo”, dijo.

El juzgado tercero administrativo de Cúcuta exigió a la Alcaldía, como parte del fallo  la construcción de andenes y zonas peatonales que, según Rubio, está por abrirse la licitación que costará $180 millones.

Este viernes se dará respuesta a la tutela interpuesta por Cáceres, pero si la decisión no se reversa tendrá que cerrar en dos meses.