Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional –Ictj-, las reformas al fuero militar que cursa en el Congreso de la República son innecesarias y, además, “pueden atentar contra la integridad de los objetivos de la justicia transicional en el contexto colombiano”

El Ictj cuestiona la posibilidad de que crímenes como los ‘falsos positivos’, tortura, violación y la desaparición forzada cometidos presuntamente por militares terminen en la Justicia Penal Militar.

“Aquellos que promueven la reforma argumentan que la justicia militar es el escenario judicial apropiado para tratar crímenes de guerra debido, principalmente, a que el sistema de justicia militar está más capacitado para entender e investigar las acusaciones sobre violaciones que ocurren durante las operaciones militares. Dicho argumento tiene fallas y plantea interrogantes acerca de las verdaderas razones para impulsar la propuesta de reforma”, señala el informe.
 

Comunidad internacional

El primer argumento del Ictj es que la comunidad internacional ha sustentado en los últimos 20 años que los tribunales civiles deben ser quienes investiguen y enjuicien los crímenes de guerra. Eso sucedió, por ejemplo, con los tribunales penales internacionales que se crearon para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona, que eran cuerpos civiles que llevaron a cabo las investigaciones.

Ahora bien, el Centro cuestiona por qué Colombia aceptó ser parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (corte civil) si estima que los crímenes de guerra deben ser objeto de la jurisdicción militar.

“La clara convicción de la comunidad internacional es que no solamente es posible, sino que además es exigible que los crímenes de guerra sean investigados y enjuiciados por y ante autoridades civiles. Colombia se adhirió de manera voluntaria a esta visión y creencia”, señala el reporte.

Justicia Transicional

El Ictj señala que la reforma propuesta va en contravía de la justicia transicional en Colombia ya que traería confusión y demoras.

Si el objetivo de la justicia transicional es impulsar medidas de rendición de cuentas por violaciones masivas de los derechos humanos “cualquier reforma al fuero penal militar aumentaría las sospechas acerca de que el propósito subyacente no es el de garantizar una adecuada investigación técnica y un eficaz procesamiento penal, sino el de controlar su alcance y limitar su progreso”.

Además, para el Centro las posibles demores que crearía la reforma podría terminar con un encubrimiento y así “aumenta la probabilidad que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación en Colombia”.

¿Impunidad?

A juicio del ICTJ, las reformas propuestas pueden llevar a una mayor confusión al ser llevadas a la práctica y, además, pueden ser vistas como un instrumento de impunidad.

Lo anterior, por posibles colisiones de competencias. Por ejemplo, un mismo acto violento puede constituir tanto un crimen de guerra como un crimen de lesa humanidad y, en esta situación, “con la imputación de crimen de lesa humanidad se anularía inmediatamente la jurisdicción militar”.

Así en el caso de los ‘falsos positivos’, si se prueba que soldados participaron en el hecho, este serían un crimen de guerra. Y si se prueba que oficiales superiores ordenaron o propiciaron el hecho, este sería un delito de lesa humanidad.

“Sin embargo, una investigación militar sobre ejecuciones extrajudiciales como presuntos crímenes de guerra no podría llevar a una acusación de crímenes de lesa humanidad, aun en el caso en que las ejecuciones extrajudiciales hayan formado parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil”, señaló el Ictj.

Procedimientos

El Ictj asegura que la complejidad de los casos y la falta de especialización no puede ser una razón para concluir que la justicia ordinaria es incapaz de administrar justicia de manera efectiva ya que se puede buscar asesoría en los temas militares tal y como sucede en cualquier otro tema.

“De hecho, en muchos juicios en el ámbito nacional, se cuenta con expertos militares que proporcionan evidencia ante las cortes ordinarias. Así, cuando se necesita una explicación con base en un mayor nivel de competencia y conocimiento especializado, esta puede ser presentada de la misma manera que se haría en cualquier otro campo”, apunta el ICTJ.

A esto añade el Centro que en el Congreso se señala la complejidad del juzgamiento de los crímenes de guerra pero no del genocidio y la lesa humanidad que sí será competencia de la justicia ordinaria.

El centro recordó que estos últimos casos son muy complejos de investigar ya que se requiere verificar multiplicidad de elementos que necesitan alta experticia en medios técnicos. En cambio, “algunos crímenes de guerra presentan cierto grado de complejidad legal, en general son menos complejos que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad (…) la investigación de los crímenes de guerra suele ser relativamente más sencilla”.

JPM no es apropiada

Para el Ictj, además, la Justicia Penal Militar no es pertinente para investigar crímenes complejos ya que reciben órdenes militares y están entrenados para investigar principalmente violaciones de la conducta militar.

A juicio del centro se ve comprometida la JPM cuando se trata de enjuiciar a oficiales lo que pone en riesgo la imparcialidad e independencia de esa jurisdicción. “Los organismos encargados de investigar tienen que estar estructuralmente separados de los organismos que están acusados de los crímenes y deben ser independientes de la supervisión de estos”, señala el Centro.