Las dos mil familias que se asentaron hace cinco años en un terreno ajeno ubicado a un costado del anillo vial occidental, en la vía  Cúcuta-El Zulia, al cual llamaron La Fortaleza, han superado todas las pruebas que se les ha atravesado en el camino para expulsarlas del lugar, la última de ellas, una orden de desalojo de un juez.

Todos los intentos que hizo la alcaldía de Donamaris Ramírez para recuperar ese terreno, también resultaron infructuosos. 

Incluso hasta llegó a tildarse por parte de funcionarios de esa administración que en La Fortaleza se escondían fuerzas al margen de la ley, algo que tampoco se ha llegado a comprobar.

En octubre del año pasado, se conoció que el proceso de desalojo que avanzaba contra ese asentamiento informal quedó suspendido tras la petición que hiciera el juez a la Unidad Nacional de Víctimas para que se adelantara un censo y se determinará quiénes y cuántos habían invadido el terreno donde se levantó la Fortaleza, cuya propiedad le atribuyen los mismas familias a Rafael Rosas Ramírez, según consta también en el código predial de la alcaldía.

Después de ese anuncio, que tampoco se ha cumplido, mucha agua ha corrido por entre las rendijas de los humildes ranchos de madera y techo de láminas de zinc que se levantaron por parte de las familias, entre las cuales se cuentan unos mil niños.

Esta desazón de no ser parte de la legalidad empezó a tomar un rumbo distinto en la presente alcaldía de César Rojas: “hay aires de buena voluntad para alcanzar ese sello que nos hace falta y que todos esperamos con insistencia desde hace cinco años”, dijo el dirigente comunal de ese caserío, Carlos Escobar.

‘El Gato’, como le llaman cariñosamente los vecinos a Rojas, se ha movido con una agilidad tal en los últimos meses que ya consiguió que Rojas diera el primer paso rumbo a ese objetivo. “No nos ha garantizado nada, pero el solo hecho de haber mandado los técnicos de Planeación a nuestro asentamiento para levantar los límites, es todo un premio para nosotros. (Ver recuadro).

El líder del asentamiento fue claro en desmentir los señalamientos que se le han hecho a las familias que habitan allí: Ni somos delincuentes ni formamos parte de ninguna organización al margen de la ley, somos familias destechadas que luchamos por una vivienda digna para nuestros hijos.

La Fortaleza no cuenta con ningún servicio público. Ochenta de los casi mil niños que viven allí van a una escuela que se construyó el año pasado en predios del barrio, al resto le toca ir a escuelas de barrios como El Progreso, Antonia Santos, Sabana Verde y Atalaya, dijo Escobar.

La comunidad es consciente que viven en un terreno ajeno y aseguran que si la alcaldía les ayuda con la legalización del barrio están dispuestos a pagar por los lotes, al igual que por los servicios públicos.

No hay plata: Planeación

Orlando Joves, director de Planeación municipal, dijo a La Opinión que aún no se ha previsto ningún plan de legalización de La Fortaleza. 

Ilustró que lo que se hizo en días pasados en ese asentamiento fue la delimitación del territorio.

Reiteró que simplemente, como es una zona consolidada, esta delimitación le servirá a la comunidad para la consolidación de la junta de acción comunal.

Joves confirmó que contra esa comunidad hay un proceso de desalojo porque se ubicó en un terreno privado.

El funcionario dijo que el municipio no tiene en estos momentos recusos para hacer la compra del terreno y proceder con la legalización, como lo espera la comunidad, no obstante, dijo que existe la posibilidad que se pueda dar  bajo la modallidad de dación en pago (por parte de las familias).

La Fortaleza limita, entre otras, con las invasiones Nueva Ilusión, Nueva Esperanza y Paz y Futuro, en las que habitan unas ocho mil familias destechadas. 

La comunidad le solicitó a la alcaldía  la legalización para contar con los servicios públicos.

*La Opinión