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Jueves, 20 Febrero 2020 - 7:14am

Vuelve y juega la participación de funcionarios en política

En esta oportunidad, la iniciativa es liderada por el primer vicepresidente de la Cámara, Óscar Villamizar.

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En el Congreso de la República volverá a hacer trámite, a partir de marzo, un proyecto mediante el cual se busca que los funcionarios públicos puedan participar abiertamente en procesos electorales.
/ Foto: Archivo
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Una vez más fue puesto a consideración del Congreso de la República el proyecto que busca que los servidores públicos puedan participar en política y evitar así que lo hagan por debajo de la mesa, quedando expuestos a investigaciones y eventuales destituciones.

En esta oportunidad, la iniciativa es liderada por el representante a la Cámara por el Centro Democrático y primer vicepresidente de la corporación, Óscar Villamizar, quien dijo que lo que se busca es que los servidores públicos que no manejen el gasto o sean jefes de oficina puedan tomar partido en los procesos electorales del país.

“Se viene presentando  que, por debajo de la mesa, funcionarios públicos hacen política y por eso hay que devolverles la posibilidad a 800.000 colombianos que están en el sector público, que puedan salir a apoyar a los políticos que ellos consideren”, defendió el congresista.

Villamizar precisó que esa actividad proselitista se daría solo en los tiempos libres, más no en medio del ejercicio de sus funciones. 

“Este proyecto es para que en los tiempos libres, las personas puedan asistir a apoyar a un candidato en sus diferentes reuniones y actividades, pero nunca usando al Estado para hacer política”, sostuvo el congresista.

Recordó que entre los funcionarios que no podrían beneficiarse, si esta ley se aprueba, están: el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, los superintendentes, entre otros que tienen ordenamiento del gasto.

Varios proyectos en el mismo sentido han fracasado en diferentes oportunidades en el Congreso. 

El último que se tramitó avanzó en algunos debates, pero terminó archivado en 2016 por falta de tiempo.

Ese proyecto prohibía la participación en política de los funcionarios de entes de control y establecía sanciones disciplinarias de tipo “gravísimo” a aquellos que abusaran de su dignidad para hacer política o influyeran en el voto de sus empleados.

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