La pandemia del coronavirus llevó a que el trámite legislativo de varios proyectos se hundieran, entre el que busca reglamentar en el país la protesta social, es decir que los organizadores de las marchas tengan mayores responsabilidades.

Esa iniciativa había sido presentada la legislatura  anterior por el senador Conservador, Juan Diego Gómez, quien recordó que “es un proyecto de ley estatutaria a través del cual se deben reglamentar los derechos fundamentales a la protesta. En este caso, la virtualidad y el hecho de que no ocurrieron marchas en el territorio nacional hizo que el proyecto se dilatara un poco y que su trámite se fuera retrasando”.

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El congresista antioqueño sostuvo además que “aspiramos el próximo 20 de julio volver a radicar este proyecto, para cumplir con uno de los requisitos y es que su procedimiento y su aprobación se de dentro de la misma legislatura, es decir entre el 20 de julio de este año y el 20 de junio del próximo año. Ahora sí vamos a empezar a caminar con los términos y el procedimiento que corresponde”.

Explicó Gómez que en los meses pasados se alcanzó a realizar algunos foros académicos en los cuales se recogieron opiniones diversas, y precisó que al iniciar otra vez el trámite se definirá una agenda de discusión y los foros.

“La idea es que una vez pase la pandemia y tengamos nuevamente las expresiones sociales y los movimientos estudiantiles y movimientos sociales en general, podamos tener una ley que garantice estos derechos para quienes se manifiestan y para quienes no lo hacen y esperamos que desde ya, que se han visto una serie de marchas en algunas ciudades, podamos tener las herramientas necesarias para que los ciudadanos actúen bajo sus derechos y las autoridades también actúen bajo sus derechos”, planteó el senador.

Algunos de los aspectos del proyecto son:

- Sanciones pedagógicas y de multas para quienes incurran en hechos de violencia durante manifestaciones

- Prohibición del uso de capuchas o cualquier elemento que impida identificación de ciudadanos

- Obligación de prestar trabajo social o comunitarios para quienes incurran en desórdenes

- Marchas no podrían afectar servicios públicos esenciales