La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que comenzará a implementarse a partir del próximo año demandará un verdadero compromiso por parte de los mandatarios que resulten electos el 30 de octubre, con quienes van a ser beneficiados con esta iniciativa.

Esta fue una de las principales conclusiones a las que llegaron representantes de las organizaciones de víctimas asentadas en Cúcuta y cinco de los seis candidatos a la Alcaldía que participaron del foro en el que se analizó la forma en la que los aspirantes están teniendo en cuenta a este sector de la población, en sus planes de gobierno.

Propuestas como la creación de una secretaría de atención a las víctimas, oportunidades de empleo, vinculación a programas gubernamentales de educación, salud y vivienda, y acompañamiento a las víctimas durante la puesta en marcha de la iniciativa sancionada por el Presidente de la República, quedaron sobre la mesa por parte de quienes aspiran a ocupar el primer cargo de la ciudad a partir del primero de enero del 2012.

Por su parte, las víctimas hicieron especial énfasis en la necesidad de que los candidatos fortalezcan sus propuestas de gobierno y dejen bien establecidas las responsabilidades y competencias legales en lo que a atención integral a las víctimas se refiere.

Al final de la jornada, los candidatos Donamaris Ramírez (Partido Verde), Luis Antonio Tatoa Cáceres (AICO), Javier Celis Durán (Polo Democrático), Jorge Acevedo Peñaloza (ASI) y Andrés Cristo Bustos (Partido Liberal), firmaron un acuerdo de voluntades con las organizaciones de víctimas de la ciudad, en el que queda expresa la intención de garantizar, durante los próximos cuatro, años una efectiva participación de quienes han padecido los rigores de la violencia, en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos dirigidos a las víctimas de la violencia socio-política.

Este proyecto es liderado por la Red Territorial de Organizaciones de Víctimas, con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El propósito es, por primera vez, avanzar en la construcción de escenarios de diálogo directo entre las autoridades locales y las organizaciones de víctimas, para que a partir del próximo periodo de gobierno pueda haber un trabajo mancomunado entre las partes, en especial en lo que concierne a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.