Así lo expuso Herbin Hoyos, representante de la Federación de Víctimas de las Farc, ante la Corte Constitucional.
Víctimas de las Farc dicen que la JEP favorece a guerrilleros
![En la audiencia que se llevó a cabo en la Corte Constitucional, el turno les correspondió a las víctimas de la guerrilla de las Farc en cuya representación expuso sus inquietudes el periodista Herbin Hoyos. Cortesía](https://www2.laopinion.com.co/sites/default/files/styles/640x370/public/2017/07/06/imagen/corte1.jpg)
El representante de la Federación de Víctimas de las Farc, Herbin Hoyos, le expuso a la Corte Constitucional algunas preocupaciones con respecto del Acto Legislativo 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, que se conforma con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Dicha organización que participó, ayer, en el segundo día de audiencias en el máximo tribunal, representa a 77.000 víctimas directas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El periodista Hoyos advirtió que los derechos de las víctimas de ese grupo guerrillero que ya se desarmó, no son garantizados en este mecanismo integral de la JEP, debido a los beneficios que se les están otorgando a los integrantes de la subversión.
“No es compatible con el Estado Social de Derecho que se discriminen a las víctimas para favorecer a los victimarios. Los derechos de las víctimas no están garantizados en el acto legislativo ni en el Acuerdo”, dijo Hoyos.
“El derecho a la verdad no se garantiza plenamente. La JEP tiene como fundamento el reconocimiento de responsabilidad, pero no es lo mismo la confesión plena y completa de la participación y conocimiento de las vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el simple reconocimiento de los hechos que la JEP pueda llegar a probar a quiénes comparezcan”, aseguró.
De acuerdo con Herbin Hoyos, la revelación de todo lo que pasó en el conflicto debe ser obligatoria e incluir toda la cadena de mando y no hacerlo.
Además, dijo que las amnistías e indultos no pueden incluir crímenes de lesa humanidad y de guerra, sin excepción alguna.
“La excarcelación de cientos de responsables de crímenes de lesa humanidad, así como al suspensión de procesos penales, incluida la investigación y captura de perpetradores, constituye en la práctica una renuncia a la persecución penal por parte del Estado”, agregó en su exposición ante los magistrados de la Corte Constitucional.
Para las víctimas de las Farc se deben aplicar sanciones efectivas contra los responsables y no restaurativas o simbólicas, a fin de no abrirle la puerta a la Corte Penal Internacional, precisó el vocero que expuso sus argumentos ante el tribunal.
La guerra jurídica la hemos perdido nosotros: Acore
El general Jaime Ruiz Barrera de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore), denunció en la Corte Constitucional que lo acordado en Cuba, entre el Gobierno y las Farc, sobre justicia transicional fue hecho a la medida de esa guerrilla.
“Nos reunimos con dos abogados de las Farc, Enrique Santiago y Álvaro Leyva, y quien proyectó todo este sistema fue Santiago, antes de llevarlo a la mesa de La Habana”, resaltó Ruiz Barrera, al indicar que supuestamente esto se habría hecho en la casa del asesor del Gobierno, Juan Carlos Henao.
“Hay cosas preocupantes porque se nos quiere procesar con el mayor rigor, meternos el Estatuto de Roma, hemos sido víctimas de jugadas como cuando se excluyó en la renegociación al general Jorge Mora Rangel”, señaló.
De acuerdo con Barrera, los oficiales en retiro han sido silenciados y, en La Habana, se habría hecho un “reversazo” que implica un trato diferente y de excesivo rigor para la Fuerza Pública.
“Lo único que estamos pidiendo son garantías procesales, no impunidad. La justicia penal internacional está ahí”, dijo al indicar que supuestamente no se estaría dejando expreso que prima la justicia interna sobre la internacional en el Acto Legislativo que establece la JEP.
“Si esto sigue así tengan la certeza de que policías y militares estarán muy cohibidos para defender este país. Es inexplicable que tengamos 15.000 hombres subjúdice”, dijo al cuestionar, además, el trato judicial a los casos de ‘falsos positivos’.
“Es una guerra jurídica y para su satisfacción (Soraya Gutiérrez, vocera del Movice) la perdimos. Son totalmente victoriosos ustedes junto con la extrema izquierda radical. Nos derrotaron. Fuimos exitosos en el campo de combate para enfrentar las amenazas de la extrema izquierda pero fuimos derrotados en los estrados judiciales”, aseguró.
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