Las quejas que reportan los ciudadanos y las veedurías ciudadanas por los presuntos delitos electorales han venido creciendo en los últimos días, según un informe que entregó la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), del Ministerio del Interior, que además informó que las mismas pasaron de 989 el año pasado a 1.195 hasta el pasado 15 de agosto, lo que significa un crecimiento de 20.8%. 

De acuerdo a la Uriel, los departamentos que más quejas tienen en su contra son Antioquia con 165, Valle del Cauca con 116, Cundinamarca con 114, Tolima con 78 y Santander con 74; mientras que los municipios con mayores reclamaciones de la ciudadanía se han dado en Bogotá 70, Puerto Gaitán 23, Barrancabermeja 21, Cúcuta 20 y Pereira 18. 

La violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación, que consiste en la divulgación política y propaganda electoral por fuera de los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones, el constreñimiento al sufragante y la trashumancia electoral, fueron los delitos que más han denunciado hasta el momento los ciudadanos. 

El Mininterior, además de la Uriel, tiene otros controles para la transparencia electoral, como el Plan Ágora, que creó el Grupo de Reacción Inmediata Electoral (GRIE), el cual ha dado especial atención las denuncias de los departamentos de Norte de Santander, Arauca, el sur de Córdoba y bajo Cauca antioqueño, Valle del Cauca y el municipio de Tumaco. 

Las denuncias podrán radicar las podrán radicar ante la Misión de Observación Electoral (MOE), la página web del Uriel y el correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co. 

Uno de las quejas más recientes se presentó por el veedor ciudadano y abogado José Vicente Sánchez, quien reclamó a la Procuraduría General que haga seguimiento a la Comisión Electoral Municipal de La Calera, Cundinamarca, porque estaría facilitando la trashumancia electoral y la abstención, al abrir puestos de votación en puntos fronterizos con Bogotá. 

En su reclamación, Sánchez además indica que se ordenó “el traslado de todos los votantes jóvenes del municipio de La Calera a unos mismo puntos de votación apartando a los electores por edades, es decir adultos mayores en unos puntos y jóvenes en otros, desconociendo así lo que establece la ley”. 

Advierte la denuncia que esto llevaría a abrir puestos de votación, al parecer de forma irregular con un potencial de trashumancia de por lo menos 3 mil electores, “hecho que altera el ejercicio democrático tanto en Bogotá como en la Calera”.

Este mismo abogado radicó ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de investigar a la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, por supuestamente haber inscrito de forma irregular su programa de gobierno, por lo que podría llevar a que su inscripción quede sin efecto. 

“Por primera vez y en un hecho sin precedentes en el ámbito jurídico electoral, hemos interpuesto una demanda contra la inscripción de la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, quien no cumplió con los requisitos, al radicar su programa de gobierno dado que adolece de lo indicado en las leyes 152 de 1994 y 388 del año 1997 sobre la armonización con el POT y el Plan de Desarrollo Nacional”, indica el denunciante.