La Unidad Nacional de Protección es una entidad poco conocida en el país, pero una de las más complejas por la labor que desempeña: proteger la vida de las personas en situación de riesgo o amenaza. Esta Unidad nació como resultado de la reestructuración que hizo el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a las entidades del Estado. La protección de personas estaba a cargo del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

Ad portas de cumplir un año de existencia, articulando las labores que ejercían esas tres entidades, hoy la Unidad cuenta con once mil protegidos en el país, entre defensores de derechos humanos, activistas, sindicalistas, periodistas y políticos, además de la protección que le brindan al Presidente de la República y a exmandatarios.

En medio de los acercamientos del Gobierno Nacional con la guerrilla de las Farc para la búsqueda de un acuerdo de paz, el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, habló con Colprensa de la importancia que tendría esta entidad si el proceso terminara con éxito.

“Con miras a un proceso de paz es posible que se tenga que generar a futuro una ampliación del programa de protección para los desmovilizados de las Farc”, explicó Villamizar.

El funcionario agregó que si se llegara a un acuerdo de paz, se esperaría que “disminuyan las amenazas contra miembros de la sociedad civil por parte de las Farc. Pero, por otro lado, van a aumentar porque siempre que se inicia un proceso de paz surgen enemigos de esto, personas al margen de la ley que van a buscar atentar contra personas representativas para tratar de dañar ese proceso de paz”.

La Unidad Nacional de Protección es una de esas entidades que trabajan silenciosamente y por eso los colombianos no la conocen.

¿Cuál es la labor de la Unidad?

Fue creada en octubre del 2011 por el Gobierno nacional, en el marco de la reestructuración de algunas entidades del Estado, como la eliminación del DAS, la separación de los ministerios del Interior y de Justicia, la creación de nuevos ministerios, lo mismo que unas entidades especializadas en tareas fundamentales.

Con esta Unidad se buscaba agrupar en una sola agencia: profesional capacitado, misional, todos los temas de protección del Estado. Antes de la creación de la Unidad había tres entidades que, por separado, hacían labores relacionadas con la protección, eran la Policía Nacional, el DAS y el Ministerio del Interior.
 
¿A quiénes protege la Unidad Nacional de Protección?

Entre otras, participamos en el esquema de protección del Presidente de la República, cuidamos a los expresidentes, a otras poblaciones que el DAS atendía. Asumimos íntegramente el programa de protección del Ministerio del Interior, que es un programa que lleva muchos años, desde el 97 con la aprobación de la ley de orden público, la famosa ley 418, que ordenó crear un programa especial para defensores de derechos humanos, activistas, sindicalistas, periodistas, políticos, especialmente los de oposición. Asumiendo todas las poblaciones tenemos cerca de 11 mil protegidos individuales, con un presupuesto aproximado de 220 mil millones de pesos al año.
 
¿Cuáles son las medidas de protección que se les brinda a quienes están en riesgo?

Las medidas de protección son de todo tipo; no solo son los carros blindados y los escoltas. De hecho, esas son las medidas más robustas de protección. Algunas poblaciones las atendemos con chalecos blindados, medios de comunicación para que se puedan comunicar de manera inmediata con las autoridades, también hacemos trámites de emergencia para reubicación temporal por riesgo.

Si a una persona la van a asesinar en algún lugar de Colombia, le ponemos un tiquete aéreo para sacarla de la región de riesgo. También apoyamos la reubicación cuando una persona debe cambiarse a otro sitio distinto al de su residencia, además le damos apoyo de manutención temporal mientras pasa el riesgo. También cuidamos y protegemos a los miembros de grupos guerrilleros o paramilitares desmovilizados que han llegado a acuerdos de paz, como el M19.

Eso es interesante ahora porque con miras a un proceso de paz es posible que se tenga que generar a futuro una ampliación del programa de protección para los desmovilizados de las Farc.
 
¿Cómo se aborda la protección para personas desmovilizadas de esos movimientos guerrilleros?

Hay algunos líderes muy visibles que tienen alto nivel de riesgo y han tenido tradicionalmente medidas muy duras de protección. El doctor Gustavo Petro las tuvo durante muchos años y ahora las tiene, pero como alcalde de Bogotá. Hay otros líderes representativos del M19 que han seguido recibiendo amenazas y se les mantiene un alto nivel de riesgo y por el tipo de amenazas tienen un esquema de protección robusto.

Para otros son medidas más colectivas y más integrales, como el apoyo de transporte, de reubicación, el chaleco y el celular. Entonces, si hacemos un poco de prospectiva frente al tema de las Farc, por ejemplo, pues la gran mayoría de los guerrilleros que se desmovilicen serán personas que hacen parte de un proceso de reinserción y que no van a tener un riesgo individual. Pero para las personas más visibles, toca pensar a futuro un esquema de protección. Pero eso es un tema que tocará hablarlo en el marco del proceso de paz.

La reinserción a la vida civil de los miembros del M19 fue ya hace varios años y aún persisten las medidas de protección ¿Hay medidas que duren toda la vida?

En general, la respuesta es no. La ley ordena que las medidas de protección sean temporales y no deben ser para toda la vida y están sujetas a una reevaluación periódica del riesgo, una vez al año. Como tenemos 11 mil protegidos y nuevas solicitudes, en total tenemos que hacer cerca de doce mil evaluaciones de riesgo por año. Es un gran desafío. Frente a la pregunta del M19: claro, eso fue hace mucho tiempo, la desmovilización se dio en el año 88, participaron activamente en la política en el año 90, pero fíjese usted que un candidato presidencial fue asesinado, igual que varios de sus líderes. Lo que sucede es que hay coyunturas actuales que reactivan el riesgo contra esas personas. Por ejemplo, el juicio contra el coronel Plazas Vega, que a veces reabre las heridas del pasado frente al tema del M19, es complejo y el riesgo a veces se mantiene.

Si son 11.000 mil personas las protegidas, ¿cuántas personas de la Unidad participan en esa labor?

Es difícil manejar una solicitud tan grande de protegidos. Nosotros tenemos una planta permanente de 750 personas; de esas, cerca de 500 son escoltas, cerca de 250 están en actividades de apoyo como estudios de riesgo o en actividades propias de directivas y administrativas de la Unidad. Adicionalmente, tenemos el apoyo de cerca de 30 personas de la Policía que nos ayudan en el tema de estudios de riesgo. Ahora la Policía, a través de la Dirección de Protección de la Policía (Dipro), tiene un sinnúmero de personas en los esquemas de protección también. Nosotros tenemos 500 escoltas de planta y 1.500 a través de un operador privado, en total 2 mil escoltas de la UNP, pero la Policía tiene cerca de 5 mil hombres y mujeres de protección en diferentes esquemas sobretodo de servidores públicos.

En lo que va de su gestión, ¿se han incrementado, mantenido o disminuido el número de solicitudes de protección?
 
En términos generales es una situación en la que cada vez se mata menos, pero se amenaza más. Y nosotros tenemos que reaccionar ante las amenazas también. Entonces, las solicitudes de protección han venido creciendo. Además, en la medida que hay una unidad que responde y atiende mejor las solicitudes, entonces estas tienden a aumentar.

En un país como Colombia deben ser desbordadas las solicitudes…

Aunque la violencia ha venido disminuyendo, me refiero a los homicidios y secuestros hay otros delitos que aparentemente están subiendo. Nosotros no protegemos a las víctimas de extorsión, los particulares cuando tienen un problema de seguridad deben ser atendidos por la Policía o la autoridad correspondiente. Nosotros solo protegemos a poblaciones vulnerables enmarcadas en las leyes y decretos de protección especial.

En Colombia hay cada vez más amenazas porque a medida que el programa de protección es más efectivo o se dan cuenta de que no los pueden matar, entonces aumentan las amenazas y a nosotros nos toca también actuar.
 
Por su experiencia, ¿qué cree que va a pasar si se avanza en el proceso de paz… se puede aumentar los números de solicitudes?

Por un lado, van a aumentar, y por otro, van a decrecer. Esa es mi intuición, pero falta ver cómo se desarrolla. Con un proceso de paz con las Farc lo que esperaríamos es que haya una disminución de amenazas contra miembros de la sociedad civil por parte de las Farc. Pero, por otro lado, van a aumentar porque siempre que se inicia un proceso de paz surgen enemigos de esto, personas al margen de la ley que van a buscar atentar contra personas representativas para tratar de dañar el proceso.

Vamos a fortalecer los esquemas de protección de los negociadores y líderes de opinión que probablemente van a estar opinando a favor o en contra del proceso y que esa actividad los va a poner en mayor riesgo.

¿Eventualmente se le prestaría servicio a las Farc?
 
Ese es un paso más adelante del que todavía no puedo opinar. Dependerá de las instrucciones que dará el Gobierno. Pero, claro, en procesos anteriores se ha determinado que es necesario proteger a las personas que se desmovilizan.

De esos 11 mil protegidos, ¿cuántos tienen medias extremas de protección?

Las más fuertes son entre 1.000 y 1.100. Pero es importante destacar que tomamos medidas colectivas con lo que llamamos enfoque diferencial. Por ejemplo, un resguardo indígena nos pidió protección y nos manifestó que su principal riesgo era que no tenían fluido eléctrico y por las noches en la total oscuridad había enorme vulnerabilidad, entonces se les dio una planta eléctrica con recursos de la Unidad Nacional de Protección.

En zonas donde solo hay medio de transporte fluvial estamos brindando lanchas de comunicación, para que de manera colectiva sean utilizadas por las comunidades aisladas. Hay dos factores principalmente que incrementan el riesgo colectivo de estas comunidades, la falta de comunicaciones y de transporte y ahí nos toca resolver situaciones.

Con lo anterior cambia el imaginario que tienen algunos acerca de que la protección es para los “ricos”…

La filosofía de la Unidad es proteger la vida de las personas, de cualquier forma y en la manera más adecuada, teniendo en cuenta su perfil de riesgo étnico cultural y geográfico. Si eso implica hacer cosas como poner una planta eléctrica o entregar animales de transporte o lanchas, lo hacemos. También carros blindados y reubicaciones temporales.

¿Qué debe hacer una persona que se siente amenazada?

La ruta de protección empieza cuando la persona hace la solicitud, la cual puede hacerse por correo electrónico, en persona, por correo certificado o por teléfono. En persona, en Bogotá están las oficinas de la Unidad de Protección, pero además hay siete regionales en la Costa Atlántica, Valle, Antioquia, Santander y Cauca. Además tenemos números de emergencia y la página Web. La gente puede acudir a su personero municipal, a la Policía, a la Procuraduría y a la Defensoría
del Pueblo.

¿Cómo se determinan los niveles de riesgo de una persona?

Hay que hacer el estudio y para eso tenemos una subdirección de riesgo. Ahí trabajan cerca de 160 analistas dedicados únicamente a eso. Esto arroja uno de tres resultados: el riesgo ordinario que es el que puede tener cualquier ciudadano y no necesita medidas de protección. El riesgo extraordinario, que es cuando hay un riesgo por encima de lo normal derivado de la actividad que estamos protegiendo y que esa persona, por ese riesgo y por esa actividad, se encuentra en desventaja o en desigualdad frente al resto de la población y hay que tomar unas medidas especiales para elevarlo a una condición de igualdad. Y el riesgo extremo que es absolutamente inminente y hay que tomar medidas de inmediato y por lo general muy robustas.

¿Cuáles son las regiones de mayores solicitudes?

La más grande es Antioquia, porque es la que agrupa más población, además allí hay violencia sindical contra defensores de derechos humanos. Antioquia es la región en la que más tenemos protegidos.

Hay una creciente solicitud de protección en el sur del país como Cauca, Putumayo, Caquetá y Nariño, principalmente a concejales, diputados y alcaldes. En las zonas de frontera por violencia de la guerrilla y en centros urbanos los blancos de los ilegales son los defensores de derechos humanos y ONG.

Hay zonas muy tranquilas como el Eje Cafetero que no tiene mayor problema, en general Cundinamarca muy poco y Boyacá muy poco. Un caso para destacar es San Andrés y Providencia que solo tiene un protegido en este momento.