Aunque el Centro Democrático ya tuvo participación en la mesa directiva de la Cámara de Representantes en el periodo 2015-2016 con Pierre García, en esta ocasión está dando la pelea  nuevamente por volver a ocupar esa dignidad, en una lucha que tiene de por medio muchos intereses políticos. 

El pasado jueves, en la instalación de las sesiones no se pudo dar la elección del segundo vicepresidente, debido a que apareció un voto de más. Esto llevó a que se viciara la votación y se tuviera que aplazar hasta mañana la escogencia.

Y si bien la mayoría de sectores había pactado que apoyaría a un representante de las minorías, Germán Carlosama, de la bancada indigenista, los uribistas, en cabeza de Santiago Valencia, reclamaron para ellos el cargo, esto porque esa vicepresidencia se ocupará en un año que precisamente es electoral y sobretodo porque en esta legislatura se terminarán de aprobar los proyectos que hacen parte de la implementación de los acuerdos de paz, de los cuales el Centro Democrático es el más crítico. 

Santiago Valencia, hijo del dirigente conservador Fabio Valencia Cossio, en su alegato jurídico para tener el cargo, dice que la Ley Estatutaria 130 de 1994 reconoce que “la oposición es un derecho de los partidos y movimientos políticos que no participen en el gobierno, para ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. El derecho de oposición reglamentado en esta ley tiene vigencia tanto frente al Gobierno Nacional, como frente a las administraciones departamentales, distritales y municipales”.

Para Valencia, la Corte Constitucional fue clara en decir que: “las únicas minorías que pueden participar en las mesas directivas del Congreso son las minorías de oposición, y que la protección a las minorías políticas, en especial a quienes se encuentran en la oposición, es una garantía de neutralidad en el sistema”.

Sin embargo, hay quienes insisten en que se deben respetar los pactos políticos y asegurarle a AICO la presencia en la mesa.