El expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez,  aseguró este miércoles que su inasistencia, en repetidas oportunidades, a los debates de plenaria convocados por la mesa directiva del Senado para el estudio de temas relacionados con el acuerdo de paz, obedeció a su derecho a la objeción de conciencia.

Esto, luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda de pérdida de investidura en su contra, por el presunto incumplimiento de su deber como congresista.

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“He procurado mantener el mayor cumplimiento en el Congreso. Por razones de conciencia no puedo votar los acuerdos con las Farc, además, se robaron el plebiscito. La persona que me demanda ha sido contratista del Gobierno, delegado suyo para promover esos acuerdos y abogado de las Farc para reclamar más curules”, declaró Uribe mediante un video que difundió en sus redes sociales.

El argumento del demandante, Nixon Torres Cárcamo, para solicitar que se declare la muerte política del exmandatario, es que este dejó de asistir tanto a las sesiones ordinarias como a las extraordinarias, dejando de votar proyectos de ley o proyectos de actos legislativos, incumpliendo sus funciones como senador.

Torres también señaló que su acción busca, igualmente, establecer si la inasistencia del senador “obedece a alguna intención de querer burlar las responsabilidades que le asisten y que le fueron asignadas como congresista”.

Una demanda similar fue admitida contra el exsenador y candidato a la Presidencia, Iván Duque, también por su inasistencia a las sesiones del Congreso.

La demandante en este caso es Adriana Posso Rodríguez, quien asegura que Duque faltó a nueve sesiones plenarias entre el 14 de febrero y el 20 de junio de 2017, sin que hubiera una justificación válida para hacerlo.

Semanas atrás, el Consejo de Estado decretó la pérdida de la investidura de la representante a la Cámara, Luz Adriana Moreno Marmolejo, por dejar de asistir a seis sesiones plenarias en las que se le dio trámite a diversos proyectos de ley y actos legislativos, infringiendo así lo establecido en la Constitución.