Como no le gustó que por segunda vez el voto en blanco la derrotara, la única candidata a la Contraloría Municipal, Alix Yirley Vargas Torrado, le solicitó al Juzgado Noveno Penal Municipal declarar en desacato al Concejo de Cúcuta.

El 26 de enero de este año, el organismo judicial le amparó los derechos al debido proceso administrativo, al trabajo y al libre acceso a la administración pública, a la esposa del excandidato a la Alcaldía, Jorge Acevedo.

En la tutela, el juez César Alejandro Ordóñez le exigió al cabildo “proceder realmente a elegir contralor municipal para el periodo 2016-2019”.

El pasado 2 de febrero la corporación procedió a votar y la ingeniera agrícola obtuvo el apoyo de 4 concejales, mientras el voto en blanco sumó 15 papeletas.

La única candidata que quedaba del proceso de selección liderado por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), descalificó lo ocurrido ese día y fue a quejarse ante el citado despacho judicial con función de control de garantías.

“Los miembros del Concejo se limitaron a realizar un simple proceso de votación , por lo cual no hubo elección alguna (...) conforme a la lista final” del proceso, en el que ella quedó como única aspirante, pues su amiga Viviana García Martínez, renunció el 31 de diciembre de 2015, al recionocer que estaría inhabilitada.

En una denuncia penal ante la Fiscalía, quedó en evidencia que las dos también son socias en la fundación ‘Promover Desarrollo Social y Humanitario’, que recibió millonarios contratos del municipio.

Alix Yirley Vargas Torrado fustigó a los cabildantes con la siguiente afirmación ante el juez de tuteka:

“De acuerdo a lo ordenado por su despacho la dispocisión emitida era la de realmente elegir de acuerdo a la lista final, pero a contrario censu, el Concejo se limitó a llevar a cabo un proceso de votación secreta, que para los concejales esta acción constituye, en su entender, una acción de elegir por cuanto el resultante de la votación secreta arrojó 15 votos en blanco y 4 a favor”.

El Juzgado le escribió al Concejo para que se les haga cumplir a los cabildantes las órdenes “y abra el correspondiente trámite disciplinario de no haberse cumplido todas las puntuales órdenes”.

“Requerir al Concejo, es decir a todos los cabildantes, para que dentro del término de dos días hábiles, una vez comunicados, ejerzan los derechos de defensa y contradicción, incluidos la mesa directiva, el presidente y vicepresidente”, se lee en el oficio enviado por el Juzgado Noveno Penal Municipal.

Víctor Suárez se rectifica

El presidente del Concejo de Cúcuta, Víctor Suárez, rectificó lo que él dijo en una grabación que llamó “ilegal” en donde daba a entender que el juez que finalmente falló la tutela a favor de Alix Yirley Vargas Torrado habría recibido dinero.

“Círcunstancias que se originan en la denuncia de un funcionario judicial, quien de por sí es una fuente confiable, es decir, son fundamentos para nada falsos, erróneos, o incompletos, los que me conllevaron, bajo el presupuesto de la buena fe, a exteriorizar expresiones, opiniones y juicios de valor personales dentro de una conversación privada.

“Sea preciso advertir que a la fecha no me consta que el señor César Alejandro Ordóñez o su familia hayan cometido delito alguno, máxime si se parte de la premisa que ni siquiera les conozco ni de trato ni de vista, pues de saberlo ya habría cumplído con mi deber de denunciar.

“Ofrezco ante las cucuteñas y los cucuteños como testigos, sinceras excusas y pido humildemente perdón por mi equivocación y los perjuicios que mis afirmaciones en uso de mi libre expresión y opinión como ciudadano, haya ocasionado al buen nombre, el honor y la presunción de inocencía que favorece al señor César Alejandro Ordóñez y a los miembros de tan respetable y honorable familia.

*La Opinión