La novela en que se han convertido las objeciones a la ley estatutaria de la JEP en el Senado de la República empieza su recta final esta semana, con la radicación de la ponencia positiva por parte de las mayorías, a partir de la cual el Gobierno buscará su aprobación definitiva.

A pesar de que la discusión parece entrar ya en sus últimos días, puesto que en la Cámara el asunto ya está resuelto, todavía siguen apareciendo ingredientes que dejan ver que el debate que se avecina en la plenaria no será nada fácil.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, quien es uno de los principales defensores de las seis modificaciones planteadas por el presidente Iván Duque a la columna vertebral del acuerdo de paz, anunció que pedirá que la discusión de las mismas se de una a una y no en bloque como sucedió en la Cámara de Representantes.

“Basta con que un senador pida la discusión una a una y yo lo voy a solicitar, para que  se dé el debate de esa forma”, reiteró el congresista del partido de Gobierno.

Macías informó que una vez sea radicado el informe de las mayorías que pide la aprobación de las objeciones y se publique oficialmente, será programada la discusión en plenaria.

Además de la ponencia a favor de la solicitud del Gobierno, antes de la Semana Santa fue publicada otra negativa, a cargo de los senadores Alberto Castilla, del Polo Democrático e Iván Marulanda, de la Alianza Verde. En ella se pide el hundimiento de las objeciones, por considerarlas inconstitucionales.

“Lo que le digo al país es que entre esta semana y la otra tenemos que sacar el tema de las objeciones”, señaló el presidente del Senado.

Macías anticipó que durante la votación le dará la palabra al fiscal Néstor Humberto Martínez para que defienda su postura en favor de las objeciones, al igual que a las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Justicia, Gloria María Borrero.

Comisionado pide aprobación

Como ya lo había manifestado hace algunos días, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, advirtió sobre los riesgos que implica que su oficina pierda la facultad de verificar los listados de acreditación en los procesos de paz y en ese sentido insistió en la aprobación de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

El funcionario explicó que una de esas modificaciones presentadas por el Gobierno Nacional busca ajustar, precisamente, el vacío que se crea al quitarle esta facultad a su despacho.

“De no tener claridad sobre la función del alto comisionado para la Paz, para verificar la pertenencia a un grupo armado, quedarían vacíos que permitirían que oportunistas quisieran hacerse parte de las listas”, sostuvo Ceballos.

Bajo este argumento, reiteró el llamado al Congreso para que, al igual que lo sugirió el senador Ernesto Macías, estudien una a una las objeciones, “porque cada una tiene un sustento fundamental”.