Hace cuatro años, la puja por las dos últimas curules en el Partido de la U resultó intensa y en un principio alcanzó a poner en suspenso la continuidad del senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo en el Congreso de la República.

Aunque los 45.999 votos que obtuvo en el preconteo incluían al dirigente nortesantandereano en la lista de virtuales ganadores como el senador número 20, su diferencia con el último elegido por la U era de apenas 147 votos. Entre tanto, solo 219 tarjetas lo separaban de Jorge Eduardo Gechem, quien no entró, pero llevó la disputa hasta los escrutinios.  Por eso, fue necesario esperar.

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Y si bien al final Mora logró mantenerse, su triunfo resultó a todas luces apretado y dejó  en  entredicho los alcances de su engranaje electoral.

Sin embargo, este año, al parecer, la estructura que lo respalda está decidida a no repetir la historia y por eso quiso llegar recargada a la nueva campaña en la que el congresista busca renovar su credencial, para lo cual logró sumar un punto a su favor: el nombramiento de José Antonio Lizarazo, exdirector regional del Sena, como titular de la entidad en el ámbito nacional.

De tiempo atrás, se ha dicho que Lizarazo es cuota política del congresista del Partido de la U en la entidad oficial y que sus influencias en la regional Norte de Santander son evidentes, como lo denunció en 2014 el hoy senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, en el llamado ‘Carrusel de la Reelección’.

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No obstante, en esta ocasión, la maquinaria, al parecer, se desbordó antes de tiempo, lo que encendió las alarmas en el Sena y llevó a la Procuraduría a poner la lupa sobre la situación, con el fin de determinar la posible existencia de una nómina paralela con fines electorales.

En ese sentido, se ordenó investigar  a José Antonio Lizarazo, en su calidad de director del Sena en el departamento, así como al congresista Mora y a la subdirectora de los Centros de Formación Regional, Dennis Cristal Barrera Cotamo, por presuntas irregularidades en los procesos de contratación del personal vinculado por prestación de servicios, entre diciembre de 2017 y enero de este año.

Todo empezó con una insubsistencia

Aunque el proceso de seguimiento que lideró el Grupo Élite Anticorrupción y que desencadenó las investigaciones sobre la contratación del Sena en Norte de Santander se inició de oficio, La Opinión conoció que fue el sindicato de la entidad, Sindesena, el que alertó al Ministerio Público sobre las supuestas inconsistencias que se estaban presentando para favorecer al senador del Partido de la U.

German Ramírez Maldonado, presidente de Sindesena en la región, aseguró que todo empezó con la declaratoria de insubsistencia de la que fue objeto, el 7 de diciembre del año pasado, el subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES), Eduardo Rivera Sierra, sin razón aparente, y pese a que su comisión en el cargo vencía en octubre de este año.

^{Facsímil de la queja instaurada en diciembre pasado por Sindesena ante la Procuraduría, por la declaratoria de insubsistencia de Eduardo Rivera Sierra.}

Para los integrantes del sindicato, además del despedido, otro hecho que llamó la atención fue que si bien la ley señala que los encargos deben quedar en manos de personas de planta o de carrera, la misión de remplazar a Rivera se la encomendaron a Denis Cristal Barrera Cotamo, la subdirectora de los Centros de Formación Regional y quien según Ramírez es una funcionaria de la entera confianza de José Antonio Lizarazo.

“Entonces, con la crisis que hay y las necesidades que hay en este departamento, con lo que nos encontramos es que concentran el poder en una sola persona, no para actuar y sacar adelante la entidad, sino para administrar lo que venía”, reprochó el presidente de Sindesena.

Y es que lo que venía y empezó a generar la preocupación de los sindicalistas, era el nombramiento de personal.

“Se pasó de cerca de 600 a unos 750 contratistas, cuando en todo el país la orientación era que había que reducir la nómina porque se formalizó la planta y entraron varios compañeros a la planta de personal. Entonces, el compromiso con el Ministerio de Hacienda era que por cada nueva persona de planta, se tenía que disminuir a 1,8 los de contrato”, explicó Ramírez.

Así las cosas, en lugar de aumentar, el objetivo era que se redujeran en por lo menos 120 los contratos de prestación de servicios, puesto que los nombramientos provisionales que se establecieron fueron 54, más 12 temporales.

Según el presidente del sindicato, este flujo de contratación se dio a finales de diciembre y antes del 27 de enero pasado, cuando entró en vigencia la Ley de Garantías. Además, reprochó que muchos empleados con antigüedad en el Sena y destacadas hojas de vida fueron retirados de sus cargos.

“Nosotros empezamos a mirar con mucha preocupación que había influencias en eso, que la gente era la que trabaja en la parte política y que estaban ampliando el poder. Por eso tramitamos la queja ante la Procuraduría para que hiciera las indagaciones”, dijo.

Las pruebas

Según German Ramírez Maldonado, para soportar las denuncias sobre la supuesta manipulación de la contratación en el Sena Norte de Santander, con fines electorales, fueron entregados correos, mensajes de WhatsApp y fotografías en los que se evidencia la promoción, dentro de la entidad, de actos proselitistas a favor del senador Manuel Guillermo Mora.

“Algunos WhatsApp eran de contratistas que sabemos que son líderes políticos, porque en varias fotos y documentos aparecen en eventos de Mora, haciendo campaña por él”, dijo.

El presidente del sindicato agregó que si bien la situación ya se había presentado en elecciones anteriores, antes no era tan fácil de detectar, además que en esta oportunidad “el descaro fue total. Los líderes del Sena se ve que actúan haciendo proselitismo y lo que pedimos es que se investigue si las conductas son punibles”.

En el documento de la Procuraduría que ordena la apertura de la investigación contra José Antonio Lizarazo y Dennis Cristal Barrera Cotamo, así como también compulsar copias para que se investigue la responsabilidad del senador Mora, y al que tuvo acceso La Opinión, se puede leer que dos de las contratistas supuestamente beneficiadas y a las que se señala de interferir directamente en favor de la candidatura del congresista del Partido de la U son: Deysi Yuridia García Sánchez y Yuri Marcela Peña.

Según los testigos que declararon ante la Procuraduría, ellas dos fueron vinculadas por orden de prestación de servicios y “por su pertenencia a una causa política. Adicionalmente, estas contratistas factiblemente, realizaron actividades proselitistas a favor del grupo político en el que militaban”.

La Opinión intentó comunicarse con el senador Mora para conocer su versión sobre los señalamientos que se han hecho en su contra, pero no respondió las llamadas. Tampoco ha hecho pronunciamiento alguno sobre los hechos.

Práctica de pruebas

Ante las denuncias hechas sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Sena en esta zona del país, el Grupo Élite Anticorrupción de la Procuraduría ordenó la siguiente práctica de pruebas:

Copia de las imágenes forenses de los computadores institucionales de los investigados que contengan información relacionada con la contratación de prestación de servicios entre diciembre de 2017 y enero de 2018.

Cotejar todos los documentos y soportes de los contratos suscritos por las subdirecciones involucradas, con el fin de establecer la idoneidad de los contratistas.

Recibir en diligencia de declaración bajo la gravedad de  juramento a los contratistas del Sena: Ana Patricia Delgado Roncancio, Carmen Josefa Marciales, Sandra María Rozo Gelvez, Blanca Delly León Camargo, Hans Alexander Ramírez Ayala.