Una acción de tutela dejó en el congelador durante algunos días la salida de Claudia Cecilia Cecilia Uribe Rangel de la dirección de Comfanorte.

Esta nueva movida estuvo a cargo de la Unión Sindical de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (USTC), que en reclamo a su derecho al debido proceso logró que un juez dejara sin efectos, de manera temporal, la posesión y registro en el cargo de Nelly Torcoroma Durán Villalba como integrante del consejo directivo de la entidad, en representación de Servi Renault.

La delegada fue una de las seis personas que avaló, la semana pasada, la remoción de Uribe de sus funciones, así como la de Yuly Ella Parada, quien ejerce como secretaria general.

Como el fallo de tutela proferido esta semana por el Juzgado Cuarto de Familia le ordena a la Superintendencia de Subsidio Familiar echar para atrás la Resolución mediante la cual se ratificó la llegada de Durán Villalba al consejo directivo, su voto perdería validez, así como la decisión que se tomó en la sesión del  30 de junio.

Una vez se subsane el error en la notificación de la posesión de la representante de Servi Renault, los directivos tendrán que volver a reunirse para que ratifiquen, si ese es el caso, la decisión de apartar de la dirección a Claudia Uribe.

El origen de la tutela

El recurso de amparo que vuelve a favorecer a la titular de la Caja de Compensación Familiar del departamento fue interpuesto por Juan Carlos Álvarez, en su calidad de presidente del sindicato USTC, tras alegar que la Supersubsidio incurrió en una indebida notificación de la Resolución 080, a través de la cual se “autoriza, posesiona y registra el ejercicio del cargo de un miembro del consejo directivo en representación de los empleadores”.

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Según Álvarez,  la copia de dicho acto administrativo no fue anexada a la comunicación remitida por la Super y en ese sentido, a la fecha, desconocen el contenido de la determinación que se tomó y los fundamentos jurídicos que sirvieron de sustento para ratificar a la consejera, teniendo en cuenta que ellos habían presentado un recurso de reposición contra su llegada al consejo.

Al respecto, la jueza de familia le dio la razón y señaló que en este caso la Superintendencia vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa del sindicalista “impidiéndole al actor ejercer los recursos de ley o el medio de control pertinente ante el Juez Contencioso Administrativo para controvertir la legalidad del acto”.

En consecuencia, ordenó concederle la tutela y dejar sin efectos las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Subsidio Familiar en la Resolución 080 del 9 de marzo pasado.

Sin embargo, esta entidad tendrá 48 horas a partir de la notificación del fallo de tutela para corregir el error presentado y hacerle llegar a Juan Carlos Álvarez Muñoz una copia íntegra de la citada resolución.