El Consejo de Estado tumbó la destitución impuesta por la Procuraduría al exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, por el proceso de la ‘Yidispolítica’. 

La Procuraduría había emitido la decisión el 24 agosto de 2010, al determinar que Pretelt ofreció la notaría 67 al exrepresentante Teodolindo Avendaño para que no asistiera al debate del proyecto de reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2004. 

La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara, tumbó la sanción que incluía 12 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, por estimar que cuando las decisiones de la Procuraduría quedaron en firme ya habían prescrito el tiempo de cinco años que dispone la ley para poder emitir una sanción disciplinaria. 

La Sala señaló que la falta atribuida a Pretelt se tipifica con el acto de ofrecer, que es una acción pura y simple y su configuración no comporta la aceptación y el cumplimiento de lo ofrecido. 

“Por ello, si la conducta que se endilgó consistía en el ofrecimiento, es a partir de este y no de los presuntos efectos que empieza a correr el término prescriptivo, pues si se atuviera a sus efectos para entender perfeccionada la falta, estaríamos ante un tipo disciplinario diferente”, indica la sentencia. 

La Sala señaló que como el presunto ofrecimiento se dio en una fecha anterior al 3 de junio de 2004 (fecha de la sesión en el Congreso para aprobar el acto legislativo), se puede concluir que la acción disciplinaria prescribió el 3 de junio de 2009. 

En consecuencia, cuando la Procuraduría profiere el fallo de única instancia el 24 de agosto de 2010, ya se había perdido la oportunidad para hacer un pronunciamiento de fondo por haber prescrito la acción. 

“La violación de su debido proceso se ve reflejada en el hecho de dar una interpretación extensiva y desbordada de los límites del tipo disciplinario, con el mero objeto de enervar (desconocer) el fenómeno de la prescripción”, puntualiza el fallo.  No obstante, esta decisión no significa que Pretelt pueda volver a aspirar a un cargo público, porque el exembajador en Roma fue condenado en 2015 por la Corte Suprema de Justicia a 6 años y 8 meses por el delito de cohecho por dar u ofrecer, por estos mismos hechos. 

La Corte Suprema impartió a Pretelt de la Vega una pena accesoria de inhabilidad de 9 años y 4 meses para ejercer funciones públicas y cuando termine su pena y pase este tiempo de inhabilidad, el exministro podrá participar en el debate público pero no hacerse elegir ni ocupar funciones públicas. 

Hoy, el exministro está recluido en una guarnición militar en Cartagena.

La Opinión