Apenas tres meses han pasado desde que el Concejo de Cúcuta destrabó la elección del contralor municipal, luego de un largo proceso jurídico que se prolongó más de un año, y en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ya cursan tres demandas de nulidad con las que se busca dejar sin piso la escogencia de Blanca Cruz González como titular del ente de control fiscal.

La acción más reciente fue interpuesta por el abogado José Gregorio Estupiñán, quien  participó como candidato a la Contraloría Departamental, en 2016. Esta ya fue admitida por la corporación para su estudio y asignada al magistrado Carlos Mario Peña Díaz.

En su escrito, Estupiñán asegura que el Concejo trasgredió los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad  y objetividad, así como el derecho constitucional al debido proceso.

En ese sentido, considera que es pertinente declarar la nulidad del acta de la sesión en la que se eligió a Cruz González  y la de su posesión, “por haberse expedido con infracción a las normas en que debería fundarse, en forma irregular e ilegal, con desconocimiento del derecho de defensa y contradicción, con desviación de las atribuciones propias de quienes los profirieron”.

El abogado advierte que su demanda está basada y sustentada en tres hechos que se presentaron durante el proceso que terminó con la elección de la exconcejala.

En primer lugar, asegura que los actos administrativos de la elección tienen serios vicios de procedimiento.

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Así, por ejemplo, cuestiona que si bien se trata de una convocatoria pública, esta carece de unas reglas de juego “claras, concretas, objetivas y garantistas del debido proceso”, lo que no permitió la realización de evaluaciones o pruebas objetivas encaminada a determinar las competencias básicas de los aspirantes al cargo.

“El acto de elección del contralor municipal de Cúcuta obedeció a una decisión unilateral, caprichosa y arbitraria por parte de la corporación municipal”, reprochó Estupiñán.

El demandante dice que, en segundo lugar, la modificación que se le hizo a algunas resoluciones dentro del proceso genera confusión y resulta contraria al ordenamiento constitucional y legal.

Y tercero, cuestiona que pese a haber conceptos al respecto, para la elección de Blanca Cruz González no se aplicaron, por analogía, normas que regulan situaciones jurídicas similares a la elección de contralor.

“Se puede concluir que el Concejo de Cúcuta no cumplió con el fin previsto por el legislador, contrario sensu, llevó a cabo un proceso incoherente, desordenado, con vacíos legales, como, por ejemplo, no permitir que los aspirantes tuvieran claras las reglas de juego acerca de la forma de evaluación. La toma de decisiones se basó en la presentación de unos documentos que solo acreditan el nivel académico de los candidatos, no la idoneidad y la pericia o experticia para ejercer el cargo”, argumentó José Gregorio Estupiñán.

A esta demanda se suman las interpuestas por el promotor de la revocatoria contra el alcalde de Cúcuta, Pedro Murillo, y la del excongresista Carlos Hernández Mogollón y el abogado Martín Santos, las cuales también ya fueron admitidas.