Los estudiantes de las zonas rurales del país están muy cerca de que, finalmente, se les garanticen las condiciones de desplazamiento hasta sus escuelas y colegios, y de esta forma puedan dejar atrás las largas caminatas que algunos tienen que hacer para acceder a su derecho a la educación.

En la Cámara de Representantes quedó a dos pasos de ser realidad el proyecto de ley de transporte escolar rural, mediante el cual se autoriza el uso de diferentes medios de desplazamiento, acordes al contexto de cada territorio, para que los niños y jóvenes puedan llegar  a sus instituciones educativas sin tener que caminar por horas y evitando  exponer sus vidas a los riesgos que esto representa.

Aunque la iniciativa estuvo a punto de hundirse esta semana, al final recibió el respaldo de los diferentes partidos y logró ser votada en la Comisión Sexta, quedando pendiente solo de su discusión en la plenaria de la Cámara y la respectiva conciliación.

“Este es un proyecto que avanza en la construcción de paz, que busca reducir las brechas entre el campo y la ciudad y que reconoce justamente a esos niños campesinos de la Colombia profunda y de la ruralidad”, destacó la representante por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, promotora de la iniciativa.

El proyecto fue presentado al Congreso en septiembre de 2018, como respuesta a una de las necesidades planteadas en el punto uno del acuerdo de paz de La Habana, que habla sobre la transformación estructural del campo, la reducción de la brecha entre el campo y la ciudad, y la urgencia de erradicar el analfabetismo en las áreas rurales del país.

Según lo explicó en su momento la congresista, durante su elaboración documentaron casos de estudiantes en departamentos como Norte de Santander que debían caminar una hora y media o hasta tres  horas  para poder llegar a sus escuelas, situación que con el paso de los años se termina convirtiendo en un factor de deserción escolar.

De acuerdo con la secretaria de Educación del departamento, Laura Cáceres, esta región cuenta con una matrícula en el sector rural de 59.311 estudiantes, equivalentes al 36%.

Lo que permite el proyecto

La representante Juanita Goebertus explicó que el proyecto que la próxima semana podría ser aprobado, lo que pretende es generar una excepción a la ley que actualmente está vigente en materia de transporte escolar, para garantizar la prestación del servicio en las zonas rurales, en condiciones de seguridad, accesibilidad y calidad.

En ese sentido, la iniciativa beneficiará a todos aquellos municipios en los que no hay empresas que ofrecen el servicio público de transporte escolar y en los territorios de difícil acceso.

“Se podrá hacer uso de medios de transporte motorizados y no motorizados, de acuerdo con las características y necesidades propias de cada municipio. Esto incluirá pangas, mulas, jeeps o bicicletas, entre otros”, señala el ABC del proyecto elaborado por el equipo de Goebertus.

En este se advierte que la ley incluye condiciones básicas de seguridad para los niños y jóvenes que los usen, “de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte”.

La dirigente señaló que el propósito es que los entes territoriales puedan contar con otros modelos de transporte escolar rural, que podrán asumir con los recursos existentes para tal fin, por lo que no demandará gastos adicionales.