Leonardo Espinosa, la cuota académica de la terna enviada por el presidente Iván Duque, fue elegido por la Corte Suprema de Justicia como fiscal ad hoc encargado de los casos de la investigación de Odebrecht en que el fiscal general y su vicefiscal están impedidos.

17 votos de los 23 magistrados configuraron su elección de la terna que integraba con la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González, y el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Gilberto Orozco Orozco, quien reemplazó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, quien renunció a su designación el jueves de la semana pasada.

Esto hizo que se retrasara una semana más la elección, que se cumplió el jueves en una sala plena extraordinaria.

Consumada la elección, Espinosa fue notificado, por lo que tomaría posesión este viernes.

Con la elección, la Corte Suprema de Justicia aclaró un poco más el trabajo que tendrá el fiscal ad hoc, puesto que al ser una figura poco explorada en la historia jurídica del país –de hecho no existe en la norma– existían varias dudas sobre sus alcances, presupuesto y competencia.

En una primera instancia, la ponencia del magistrado Gerardo Botero contempla que Espinosa no tendrá un equipo separado de la Fiscalía, sino que heredará el grupo de fiscales e investigadores que venían trabajando en los casos que tendrá que conocer. “Sin perjuicio de la independencia judicial que tiene cada funcionario, las diversas actuaciones adelantadas sobre este caso deben ser vista como parte de un todo”, expresa la ponencia.

Por otra parte, quedó establecido que su competencia será hasta 2020, cuando se termina el periodo de Néstor Humberto Martínez al mando de la Fiscalía.

Según se ha conocido, al aceptar el pedido de la vicefiscal, María Paulina Riveros, para apartarse de las investigaciones de Odebrecht que han llegado a su despacho, Espinosa tomará los cinco expedientes que se desprenden de los tres impedimentos que le han sido avalados al fiscal general por parte de la Corte.

Los expedientes son: la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2, el aval al otrosí número 6 para Ocaña-Gamarra, el contrato de estabilidad jurídica para la Ruta del Sol 2, el convenio del Banco Agrario con el proyecto para la navegabilidad de río Magdalena (Navelena) y el contrato Tunjuelo-Canoas para la recuperación del río Bogotá

Dentro de estos expedientes, se incluyen los procesos contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, y contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Ambos son claves en la polémica del fiscal con su presunto conocimiento de las coimas de Odebrecht antes de llegar al cargo.

Por parte de Melo, los directivos de Odebrecht como Luiz Bueno aseguraron que desde 2009 lo mantuvieron al tanto de los sobornos, siendo un alto funcionario del Grupo Aval, dueño de Corficolombiana y empleador de Néstor Humberto Martínez en su rol de abogado.