En la administración municipal no tienen duda hoy de que las decisiones que se han tomado en los últimos meses por parte de la Personería contra varios miembros del gabinete de Jairo Yáñez, definitivamente guardan un trasfondo político.

Y así lo ratificó ayer la secretaria de Salud, María Constanza Arteaga, la tercera funcionaria suspendida desde que arrancó el nuevo gobierno, quien aseguró que la medida que podría dejarla por fuera del cargo durante tres meses tiene que ver con el hecho de no avalar una contratación en la ESE Imsalud.

Según explicó, en la más reciente junta directiva de la entidad, dirigida por Katherine Calabró, la ficha que aún mantiene el condenado exalcalde Ramiro Suárez allí, Arteaga se opuso a la adjudicación de un contrato por $880 millones, toda vez que se estaban exponiendo unas necesidades que no cumplían con las expectativas y sin los soportes exigidos para determinar si era pertinente ejecutar los recursos.

“Al no permitir, como administración municipal, unas gestiones y unas contrataciones desbordadas e indebidas, pasan esta clase de acontecimientos.

Realmente es muy lamentable que haya una posición más política que cualquier otra, frente a un tema tan delicado como lo es el manejo de la salud”, manifestó Arteaga.

Recordó que desde que asumió el cargo han venido insistiendo en las juntas de Imsalud en la necesidad de ser “más asertivos en todo el tema de la economía y de cuidar los recursos que le corresponden al municipio y que hacen parte de la salud de los cucuteños”.

“Hay muchas personas en contra de la administración que no quieren dejar trabajar de una manera adecuada. Muchas personas que han estado en administraciones anteriores y se han dedicado al detrimento de lo público y por eso mismo somos una ciudad pobre”, manifestó.

Reiteró que el contrato por $1.081 millones para el “suministro de insumos biomédico y logístico para la atención, prevención y contención de la pandemia COVID-19”, y por el cual hoy la investigan, cumplió con todos los requisitos de ley.

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También el alcalde

En un video difundido en las redes sociales de la Alcaldía, el mandatario local, Jairo Yáñez, también reaccionó duramente a  la nueva decisión que afecta a un integrante de su equipo de gobierno y dijo que hoy se está mancillando el ejercicio democrático que demostró que Cúcuta estaba buscando una transformación en la forma de dirigir los destinos de la ciudad.

“Hoy los ataques, que lamentablemente tienen eco en algunas autoridades, realmente nos afectan, realmente nos preocupan, pero nunca nos harán desfallecer en el afán de servicio. Nunca van a tener la posibilidad de mermar la energía que tenemos para enfrentar los graves problemas que tiene nuestra ciudad”, dijo.

Yáñez también hizo alusión a Imsalud y dijo que desde un principio frentearon los “mil problemas” que encontraron en esa entidad y que merecieron, incluso, allanamientos por parte de la Fiscalía. 

En ese sentido, lamentó que no se conozcan todavía los resultados de las investigaciones que se abrieron por los hechos denunciados, razón por la cual llamó a la ciudadanía a que “califique lo que está sucediendo”.

Además de María Constanza Arteaga, actualmente se encuentra suspendido el secretario de Prensa, Carlos Díaz. El secretario Privado, Abraham Ararat, quien también fue afectado con una decisión similar, logró reversarla en la Procuraduría Regional.

Margarita Eslava.

Martín Herrera.

Se deberá resolver la consulta

En vista de que la Procuraduría Provincial de Cúcuta le pidió a la Personería Municipal abstenerse de iniciar actuaciones en contra de la secretaria de Salud, María Constanza Arteaga, por el contrato con presuntos sobrecostos y trasladar el proceso a ese despacho, La Opinión consultó si ante esa situación, la suspensión proferida por Martín Herrera contra la funcionaria quedaba sin piso.

Al respecto se conoció que esto no podrá ser posible y el ejercicio del poder preferente al que apeló la Procuraduría no tiene aplicación, toda vez que la Personería abrió primero la investigación contra Arteaga.

Así las cosas, será necesario esperar a que la Procuraduría Regional resuelva la consulta sobre el caso y determine si es pertinente o no la suspensión de tres meses proferida por la delegada del Ministerio Público. A partir de ese momento, el expediente seguirá solo en la Procuraduría Provincial.

Ayer también se conoció que la procuradora Provincial, Margarita Eslava, solicitó la asignación de un procurador ad hoc para que lleve el caso.