Tras hacer una férrea defensa de su equipo de trabajo y ratificar que su conformación es el resultado de un riguroso proceso de elección por meritocracia, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, se mostró contrariado por la decisión de la Personería Municipal, de suspender a sus secretarios Privado y de Prensa porque, al parecer,  presentan inconsistencias en los requisitos para aspirar al cargo.

Yáñez dijo de manera categórica que de lo que se trata este asunto, es de un “golpe político” a su administración.

“Los hechos sucedidos en las últimas horas han sido un baldado de agua fría para una administración que, en democracia, aceptó con gran responsabilidad el reto de representar los intereses de la mayoría de ciudadanos.  Creemos que la decisión de la Personería  fue planteada, a nuestro juicio, de manera muy ligera y buscando cascaritas, buscando borrones. No entendemos, la verdad”, señaló el mandatario.

Yáñez manifestó que todo parece indicar que lo ocurrido obedece a “unas instrucciones perversas” en perjuicio de la ciudadanía, que lo que buscan es el desprestigio y la desestabilización de su gobierno.

“Ratifico y convoco a la ciudadanía en forma respetuosa a que estemos alerta y se hagan las investigaciones del caso”, planteó, al tiempo que señaló que desde un principio han pedido el acompañamiento de la Procuraduría y que todas las actividades de su administración son conocidas por el ente de control.

El mandatario dijo que como lo propuso desde un principio, el trabajo que viene desarrollando cada uno de los integrantes de su gabinete ha sido apegado a la ley y con un enfoque claro, que es el de “defender los intereses de nuestra ciudad”.

En ese sentido, insistió en que está honrado de liderar el equipo que conformó y que defenderá todas y cada una de sus actuaciones. “La voz de ellos es la misma voz del alcalde”, dijo.

Reiteró que seguirán defendiendo a como dé lugar los recursos públicos, toda vez que este es “un compromiso irrenunciable y en eso no vamos a ceder un milímetro”.

Plan para desestabilizarlos

El secretario de Gobierno, Francisco Cuadros, quien acompañó al alcalde en la rueda de prensa que ofreció ayer en la mañana, ratificó y amplió lo dicho por el mandatario, en el sentido de que detrás de las suspensiones y otros hechos que se han presentado, hay un plan para desestabilizar al gobierno municipal.

“Mientras hemos venido asumiendo nuestras responsabilidades y competencias, hemos visto y alertamos una serie de acciones, desde el mismo diciembre, que parecieran, y como secretario de Gobierno invito a las autoridades a investigar, está en ejecución un plan para tratar de desestabilizar este gobierno y un plan, pareciera también, de fuerzas políticas que han querido mantenerse en las últimas décadas a punta de corrupción y de violencia”, dijo.

Cuadros explicó que los hechos a los que se refiere tienen que ver con repentinas caídas del internet y de los sistemas del software contable, así como las  pérdidas a partir del 2 de enero del cableado y de las cámaras de seguridad “que no sucedían antes”, además de los llamados a control político “para decirnos que por qué no habíamos cambiado la ciudad en pocos días”.

“Este gobierno es el clamor de una ciudadanía que se cansó. Este gobierno expresa unas fuerzas sociales de la ciudad que quieren que las cosas cambien, pero hay unas fuerzas, pareciera, y eso es lo que hay que investigar, que quisieran desestabilizar”, reiteró.

Al respecto, hizo un llamado a los cucuteños a rodear las decisiones  que se han tomado desde la administración municipal y a continuar firmes con la construcción del Plan de Desarrollo.

‘Es una medida preventiva, no sanción’

Con relación a las inusuales suspensiones de tres meses proferidas la semana pasada por el personero de Cúcuta, Martín Herrera, en contra del secretario Privado, Abraham Ararat, y el de Prensa, Carlos Díaz, el jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Francisco Ovalles, aclaró que se trata de medidas preventivas, más no de sanciones disciplinarias.

“No se trata de que haya una inhabilidad para ejercer el cargo, simplemente que se está pidiendo una clarificación sobre unos documentos que reposan en sus hojas de vida”, explicó el funcionario.

En ese mismo sentido, aseguró que la medida de suspensión provisional todavía no está en firme, puesto que esta es objeto de una consulta que debe surtirse ante la Procuraduría Regional de Norte de Santander.

“La Personería debe remitir el expediente  a la Procuraduría; allí se corre traslado para que las personas, como corresponde, presenten sus argumentos frente a los hechos que se están manejando, y es el procurador quien define si mantiene la decisión de la suspensión provisional o la revoca y los secretarios vuelven a sus cargos”, dijo Ovalles.

Tanto a Ararat como a Díaz les alegan que sus títulos universitarios de pregrado y posgrado fueron obtenidos en el exterior y que no cumplen con las formalidades legales, es decir, no están homologados en Colombia.

Al respecto, y al igual que ya lo habían manifestado el propio secretario privado y el abogado Martín Santos,  Ovalles dijo que quienes estén frente a este tipo de circunstancias, por ley cuentan con dos años para cumplir con el trámite y hacer las respectivas aclaraciones.

“Luego están suficientemente espaciados en el tiempo para que lo hagan”, dijo el jefe de la Oficina Jurídica.

Martín Santos, que también se desempeña como asesor de la administración, dijo que están convencidos de que “este mal paso” dado por la Personería, muy  pronto será subsanado “en justicia, en derecho y en equidad para bien de la administración municipal”.

Reacciones

A propósito de la sorpresiva y pocas veces vista decisión adoptada por el personero, Martín Herrera, quien esta semana termina justamente su periodo, muchas fueron las reacciones que se conocieron al respecto y que en su mayoría coinciden en que de lo que se trata es de un hecho político.

El concejal del Centro Democrático, Álvaro Raad, afín al gobierno municipal, consideró que lo ocurrido es “una persecución para desestabilizar la administración, que está gobernando sin políticos y pensando solo en el beneficio de la comunidad”.

Raad también señaló que el Decreto 1083 de 2015 menciona que después de posesionado, un servidor público tiene dos  años para convalidar los títulos conseguidos en el exterior. 

En ese sentido, planteó que el personero podría estar incurriendo en extralimitación de funciones, estaría interpretando mal la norma o la está pasando por alto.

El abogado y exconcejal de Cúcuta, Carlos Jaimes, coincidió con Raad y dijo que las suspensiones son apelables ante la Procuraduría, organismo que, en su concepto, le deberá “poner coto a esta persecución política”.

“Se equivoca el personero ramirista, doctor Martín Herrera, en la suspensión de los secretarios privado y de prensa del alcalde Yáñez”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el excandidato a la Alcaldía de Cúcuta por el Partido Liberal, Jaime Marthey, consideró que de lo que se trata este asunto es de una puja política en donde el único perdedor terminará siendo el ciudadano. “Tanto el que tiene esperanzas de un mejor futuro, como el que está desesperado por los problemas que atravesamos. En esta ecuación nadie gana, pierde Cúcuta”, dijo.