La tensión entre el Gobierno y el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, por cuenta del proceso de paz con las Farc, se acrecienta cada día más.

En esta oportunidad el motivo de la discordia fue la negativa del presidente Juan Manuel Santos a responder las 60 preguntas que le envió el jefe del Ministerio Público y en las que le pedía explicación sobre varios aspectos del acuerdo sobre el fin del conflicto y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales.

Mientras que Ordóñez insiste en que el jefe de Estado sí está obligado a resolver los interrogantes que tenga la Procuraduría, pues no está por encima de la Constitución, en la respuesta enviada desde la  Presidencia se advierte que la solicitud del procurador es improcedente “a la luz de la normativa constitucional vigente”.

Incluso, en el Gobierno fueron más allá y consideraron que al leer el cuestionario se hace evidente que la intención de la larga lista de preguntas no es la de obtener información relativa a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones, que, dicen, ya se ha hecho pública, sino adelantar una especie de control político contra el presidente.

En la respuesta a Ordóñez se le reprocha que muchas de sus preguntas contienen afirmaciones que revelan una posición política frente al proceso de conversaciones con la guerrilla y hasta se inquiere el por qué muchos de los procedimientos no se han hecho de la forma  que el procurador estima conveniente.

“En estas condiciones, no es el procurador general de la Nación el que le corresponde ejercer las funciones de control político de las negociaciones de paz, alegando competencias constitucionales que no tiene”, reza otro de los apartes de la respuesta a Alejandro Ordóñez.

En ella se le cuestiona, igualmente, que varios de los interrogantes planteados parecieran querer confundir a la opinión pública “pues sugieren que lo convenido con las Farc-Ep les permite continuar en su actividad delincuencial o insinúan que las autoridades públicas se abstendrán de cumplir con sus funciones”.

Sin embargo, el procurador defendió el cuestionario que le remitió al presidente, al considera que esta es una oportunidad para que el Gobierno haga las precisiones necesarias y las aclaraciones que correspondan sobre los acuerdos de paz y de esta forma los colombianos puedan tener un criterio bien informado antes del plebiscito.

“Si no hay nada que ocultar y si todo es transparente, doctor Santos, ¿por qué usted no cumple con su deber de responder ante los colombianos estas preguntas? ¿Por qué se niega a explicar aspectos de los acuerdos con ‘Timochenko’ que no están claros? ¿Por qué no aprovechar para informar en detalle al país? ¿Por qué, señor presidente?”, preguntó Ordóñez.

La Opinión