El partido Centro Democrático sigue insistiendo en romper el blindaje que protege el acuerdo de paz suscrito con las Farc hace cuatro años, para hacer cambios drásticos a lo que allí se pactó, como la Justicia Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del histórico proceso.

Además de la propuesta que lanzó esta semana el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de convocar a un referendo para eliminar esta jurisdicción, la senadora por Norte de Santander, Milla Patricia Romero Soto, quien fue justamente la encargada de ocupar la silla que dejó Uribe en el Congreso tras su renuncia, radicó una iniciativa en ese mismo sentido.

Bajo el argumento de que esta fue una promesa de campaña no solo de la bancada uribista, sino del mismo presidente Iván Duque, y que desde su puesta en marcha la JEP no ha cumplido su propósito de garantizar verdad, justicia y reparación, Romero presentó un proyecto de acto legislativo que busca derogar esta instancia judicial.

“Hemos presentado el proyecto porque la reparación de las víctimas solamente va en el 0,2%, no se le ha dicho la verdad al país, no ha habido justicia y mucho menos se ha cumplido con la no repetición. Las cifras demuestran que los exguerrilleros han vuelto a reincidir en las llamadas disidencias de las Farc. El país también fue testigo de que Griselda Lobo ha dicho que si le tocara, volvería a ser guerrillera, entonces no hay voluntad de no repetición”, manifestó la dirigente cucuteña.

Insistió en que la Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema que le cuesta $300.000 millones a los colombianos y aun así ha fallado en su objetivo con las víctimas, propiciando, en cambio, impunidad para los integrantes de las desmovilizadas Farc.

“Con estos recursos podríamos darles a dos millones de familias colombianas un mes de ingreso solidario. No más burlas para Colombia”, planteó la senadora.

¿Y las víctimas?

Al ser cuestionada sobre la suerte que correrían las víctimas que aguardan en la JEP la posibilidad de conocer lo que pasó con sus familiares, recibir justicia y ser reparadas por quienes se acojan a esta jurisdicción, la congresista nortesantandereana aseguró que con la eliminación de esta instancia quedarían igual, porque hasta ahora no se les ha cumplido.

“Las víctimas están siendo atendidas es por el Estado. Los recursos que la JEP dijo que iba a destinar para atención a víctimas no los han cumplido. Por eso, si se deroga la JEP, las víctimas quedarían tal y como están ahora porque no les han cumplido. No ha habido un solo fallo por parte de la JEP”, dijo.

Romero Soto aseguró, además, que la Ley de Justicia y Paz, creada para el proceso de desmovilización de los paramilitares, podría servir como reemplazo de la Jurisdicción Especial, pues aseguró que bajo este marco jurídico se desmovilizaron más de 10.000 guerrilleros en el pasado.

“Esta ley garantiza verdad, justicia, reparación y no repetición, tiene a las víctimas en el centro para que puedan ser reparadas; permite que se indulte o amnistíe a los guerrilleros de base condenados por delitos políticos. Entonces, la situación jurídica de ellos no se vería afectada. Para el caso de cabecillas contempla penas menores y con cumplimientos como restricción de movilidad en sitios más amplios. Así no habría impunidad”, dijo.

‘Recoge el sentir ciudadano’

Pese a las críticas que ya ha suscitado la iniciativa de la dirigente uribista, Milla Patricia Romero Soto consideró que la norma que propone llega al Congreso con un buen ambiente, toda vez que recoge la voluntad popular de los millones de colombianos que le dijeron ‘No’ al acuerdo de paz, durante el plebiscito de 2016.

“Confiamos en que el Congreso nos brinde su respaldo, porque los congresistas nos debemos al pueblo. Estamos respondiéndole a lo que quieren los colombianos y creo que los congresistas deben dar esa respuesta, porque nos debemos a los electores”, señaló.

No obstante, desde la oposición ya son varias las voces que han manifestado estar listos para volver a derrotar al Centro Democrático en su intención de poner fin a la JEP y afectar el acuerdo de paz.

Sobre la viabilidad jurídica del proyecto que impulsa, teniendo en cuenta que el acuerdo de La Habana quedó blindado durante 12 años, la senadora Romero informó que también fue radicada una iniciativa para derogar la ley estatutaria que ampara a la JEP.

Y aunque el tiempo que queda es corto para surtir la primera ronda de cuatro debates, la congresista confía en que sí se alcanzará a discutir y aprobar el proyecto antes del 16 de diciembre.