El asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, (Cauca); Orley García, de Toledo (Antioquia), y Bernardo Betancurt, de Tibú (Norte de Santander), así como otros  cuatro aspirantes en todo el territorio nacional, prendieron las alarmas de las autoridades en las últimas semanas, debido a la ola de violencia que se está viviendo de cara a las elecciones regionales que se  celebrarán el próximo 27 de octubre en Colombia.

La Misión de Observación Electoral (MOE), en su último informe, señala que desde el inicio del calendario electoral para los comicios de octubre han sido asesinados siete aspirantes a cargos locales y otros 54 candidatos han sido víctimas de otro tipo de violencia política.

Lo más preocupante, según los expertos, es que estas cifras podrían incrementar a medida que se acerque la fecha de las votaciones, razón por la cual desde distintos sectores se viene ejerciendo presión para que el Gobierno Nacional garantice la seguridad y se frene este fenómeno a nivel nacional.

En respuesta a esta solicitud, el presidente Iván Duque convocó la Comisión Nacional de Garantías de seguridad, con todas las autoridades electorales competentes, donde se concluyó que el mayor riesgo de esta jornada democrática es la violencia y por esta razón le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), resolver, en un término de 72 horas, todas las solicitudes de esquemas de seguridad.

De acuerdo con la UNP, de las 496 solicitudes de esquemas de protección que tenía la entidad, todas fueron resueltas en los plazos estipulados por el mandatario, con lo que se llegó hasta el momento a 1.639 candidatos con equipos de seguridad, que van entre escoltas, vehículos blindados, chalecos, dependiendo de cada situación. Sin embargo, como lo ha reconocido el mismo presidente, no se puede brindar garantías a todos estos líderes por el elevado número.

Para el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, el volumen de candidatos a cargos de elección popular a nivel nacional es muy alto y es imposible garantizar su seguridad, tal como lo manifestó el Gobierno. 

Según la Registraduría, al término de las inscripciones y modificaciones se presentaron 121.194 aspirantes a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, entre otros.

De acuerdo con el experto, partiendo de este hecho, ya se evidencia un problema estructural en términos de protección, con una entidad que en muchas ocasiones ha manifestado no tener los suficientes recursos económicos para operar, pero asegura que el problema va mucho más allá de que la UNP pueda o no ponerles esquema a todos los candidatos.

Rosanía dice que otra de las cosas que debe hacer el Gobierno para garantizar el ejercicio democrático, es focalizar los esfuerzos en municipios donde hay mayores riesgos de grupos armados, economías ilegales y zonas de fronteras, que son las razones que están detrás de la ola de violencia política registrada en el país.

Precisamente, entre las zonas catalogadas como de mayor riesgo se encuentran el Catatumbo, la Costa Pacífica nariñense, el Norte del Cauca, el bajo Cuca antioqueño, el Meta y el Guaviare, donde se están afincando las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc, y donde funcionan las economías ilícitas.

Una de las particularidades que ha dejado en evidencia este fenómeno es que se ha presentado contra los distintos partidos políticos. El informe de la MOE señala que las coaliciones de partidos tradicionales son las que más se han visto afectadas por la ola de violencia. Le siguen los partidos Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático y la U; mientras que MIRA, AICO y el Polo Democrático no tienen víctimas hasta el momento.

En este sentido, el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz asegura que se debería crear una  estrategia para apoyar a la UNP, debido a que esta no tiene la capacidad suficiente de protección. 

Así, el Ejército, la Policía y demás entidades podrían hacer acompañamiento en las zonas de mayor conflictividad, sin llegar al extremo de ejecutar la propuesta del Centro Democrático, de poner alcaldes ad hoc en cabeza de miembros de la Fuerza Pública.

“Debe haber una presencia integral del Estado, que no solo sea militar o policial, sino que llegue salud, educación, infraestructura y fórmulas de economías legales. Pero también hay necesidad de incrementar la inteligencia militar, porque el pie de fuerza lo único que está generando es un efecto globo, es decir, meten  un batallón y los grupos armados lo que hacen es correrse del territorio para posteriormente regresar cuando se hayan desplegado las tropas”, agrega Rosanía.

Faltó un plan de prevención

Jorge Iván Cuervo, analista político, asegura que en época electoral se incrementa el riesgo en muchas regiones, pero que seguramente cuando pasen las elecciones, el tema va a bajar. No obstante, dice que el Gobierno tardó en convocar a la Comisión de Garantías Electorales, donde se tenían que tomar decisiones de carácter preventivo con los estudios correspondientes y no sobre la marcha, para, casi que sin estudios, otorgar esquemas de protección.

“Si se comparan las elecciones pasadas en el desarrollo de las conversaciones con las Farc se redujo considerablemente la violencia. Uno siente que si el Gobierno hubiese tenido un discurso distinto sobre la paz y hubiera legitimado a los defensores del acuerdo en las distintas regiones, el escenario de riesgo sería diferente. En la medida en que el Gobierno tuvo un discurso entre ambiguo y hostil frente a la paz, eso tuvo impacto en las regiones y envalentonó a actores armados para hacer amenazas”, dice Cuervo.

Sin embargo, el experto señala que esto no quiere decir que el Gobierno sea el responsable de la ola de violencia, pero que sí hay que reconocer que este tipo de fenómenos también tienen relación con el ambiente en el que se desarrollan y donde el discurso de los mandatarios tiene una influencia significativa.

Por su parte, Hugo Acero, experto en temas de seguridad, dice que hay que reconocer que el Gobierno está haciendo los esfuerzos para tratar de garantizar la vida y la integridad de los candidatos, pero la cantidad de inscritos, sumado a una disponibilidad de recursos escasos, no permite una cobertura total del problema.

Para Acero, regiones como el sur de Córdoba, norte del Cauca, Tumaco y el Catatumbo, deberían tener mucha más presencia del Ejército, sobre todo en zona rural, que es donde están la mayoría de candidatos en riesgo. Pero insiste en que el Ministerio de Defensa desde ya tendría que tener un plan de reacción ante un eventual recrudecimiento de esta situación y no faltando 15 días para hacer un plan candado, como se hace generalmente.

De esta manera, hace énfasis en que no solo hace falta presencia de las Fuerzas Militares en los territorios, sino que hay carencia de labores de inteligencia e investigación criminal, inclusive otro tipo de intervenciones que traten de garantizar la gobernabilidad en esas zonas.

“No basta con la presencia de la Fuerza Pública, la muestra es el Bajo Cauca, donde no ha dado mucho resultado el haberlo copado con policías y militares. Ahí se requiere de un trabajo conjunto de las instituciones, pero también la integración de alcaldes, gobernadores y comunidades, porque las  estrategias nacionales no los están contemplando”, concluye Acero.