La alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, así como sus secretarios de  Gobierno, Juan Pablo Bacca Manzano, y de Tránsito, Albert Emiro Urquijo Sánchez, podrán esperar desde su casa el desarrollo del proceso judicial en su contra.

En la tarde del jueves, un juez penal de Cúcuta aceptó parte de los argumentos presentados por los abogados de los tres funcionarios y decidió concederles el beneficio  de casa por cárcel, mientras avanza la investigación por la presunta celebración indebida de tres contratos  y la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Prado, Bacca y Urquijo se encontraban desde el pasado 19 de febrero recluidos en la cárcel de Ocaña, luego de que un juez con función de garantías decidiera enviarlos a prisión, por considerar que al estar libres y en sus cargos podrían obstruir el desarrollo del proceso.

Sin embargo, la defensa de la mandataria y de los secretarios de despacho apeló la decisión, con el argumento de que la permanencia de los servidores en su domicilio no entorpecía el trámite procesal y no representaba una obstrucción a la justicia, lo cual fue avalado por el juez penal.

La orden que permite el traslado de la alcaldesa y los miembros de su gabinete a sus hogares fue firmada ayer mismo y anoche se esperaba que llegara a Ocaña para hacerla efectiva.

El abogado de Prado, Samir Contreras, consideró que si bien queda un sinsabor, por cuanto no se logró la libertad de la funcionaria, la medida que tomó el juez es garantista y protege la dignidad del ser humano.

“Es la medida menos restrictiva y aflictiva. Se salvaguardan los derechos de una persona digna como es la doctora  Miriam Prado. Ella estará en el seno de su hogar y eso es muy diferente a estar en un centro de reclusión”, manifestó Contreras.

Explicó que el proceso continúa y que en adelante empezarán a correr los tiempos para que la Fiscalía haga la acusación, se formalice la investigación y se proceda con la etapa de juicio, en la que ellos esperan poder controvertir y dejar sin piso las pruebas del organismo acusador.

La alcaldesa de Ocaña y los secretarios de Gobierno y Tránsito tuvieron que firmar, además, un acta en la que se comprometen a no salir de sus casas, ni del país y a estar atentos para presentarse ante la justicia cuando sean requeridos.

Si incumplen algunos de estos requisitos, podrán ser enviados a prisión nuevamente.

Como se recuerda, los tres funcionarios capturados a mediados de febrero son acusados de firmar tres contratos, que aunque no representan mayor cuantía, fueron suscritos con uno de los financiadores de la campaña de Miriam Prado.

Adicionalmente, el beneficiario, Edgar Enrique Ataya Sánchez, al parecer, no tiene la experiencia certificada para cumplir con los objetos de los mismos, además de que estos le representaban al contratista utilidades que oscilaban entre el 15 y el 25%, lo cual para el organismo investigador se configura como un cobro exagerado.