El apoyo entregado en la pasada campaña electoral al gobernador William Villamizar Laguado y no al entonces candidato conservador, Juan Carlos García Herreros, le podría salir caro al secretario de
Gobierno de Norte de Santander, Yebrail Haddad Linero.

Así lo denunció el funcionario, al advertir que la Procuraduría Provincial de Ocaña tiene listo un fallo que lo destituye e inhabilita por 12 años, debido a las presuntas irregularidades en el contrato que suscribió siendo alcalde, con la asociación de carniceros (Serviaeco) para el arrendamiento del matadero municipal.

Aunque la decisión todavía no es oficial ni pública, y el procurador provincial, Juan Carlos Marín Ortegón, tampoco se ha referido al caso, el exalcalde aseguró que en una audiencia que estaba prevista para ayer, pero que fue aplazada para el 16 de marzo, se le iba a comunicar esta determinación.

“En las elecciones pasadas me llamaron del grupo político que representa el procurador de Ocaña y me dijeron, vía telefónica, en reiteradas ocasiones, que debíamos apoyar a la Gobernación al señor García Herreros. Ante nuestra negativa, me dijeron que debía atenerme a las consecuencias”, denunció Haddad Linero, sin especificar los nombres de los integrantes o líderes del grupo político al que hace referencia.

Aumentaron la sanción

Para el secretario de Gobierno del departamento, la situación a la que está enfrentado se configura en una evidente persecución política por parte de la Procuraduría Provincial por no “ceder a los chantajes políticos”.

Y es que según Yebrail Haddad, lo grave de su caso es que en un primer fallo conocido el año pasado, el Ministerio Público lo sancionó con cuatro meses de suspensión, por considerar que sí se habían presentado fallas en el proceso de arrendamiento del matadero.

En la apelación, la Procuraduría Regional decidió, a finales de octubre de 2015, declarar la nulidad del fallo, según el funcionario, porque se le vulneró el derecho a la defensa.

Esto llevó a que el proceso fuera devuelto nuevamente a la Provincial de Ocaña que, tras empezar de cero la investigación, consideró elevar la sanción de cuatro meses a una destitución e inhabilidad por 12 años.

“En derecho no es posible, con los mismos hechos, circunstancias, el mismo expediente y las mismas pruebas, cambiar una decisión cuando ya la revisó el procurador. Además, ningún alcalde ha sido investigado por estos mismos hechos, siendo que ellos también han seguido con ese proceso de arrendamiento”, reprochó el secretario.

Dijo que a esta situación se le suma una serie de hechos que le permiten concluir que ha sido objeto de dicha persecución por parte de la Procuraduría.

En ese sentido, recordó que, también en las pasadas elecciones, estando en un puesto de votación con uno de los candidatos que apoyaba, el procurador ordenó su traslado a una estación de Policía, al percatarse de que le estaba tomando una fotografía al aspirante.

Haddad Linero denunció, además, aparentes irregularidades en la citación a la audiencia programada para ayer.

“Estas circunstancias me hacen a mí establecer que soy víctima de una persecución política que no voy a permitir. Llevo cinco años desde que salí de la Alcaldía enfrentando esto. Si esta nueva situación resulta ser cierta, estaré en la Fiscalía haciendo la denuncia de prevaricato y llamando al orden, con nombres propios, a las personas que me han abordado para intimidarme”, advirtió.

El contrato

El contrato que hoy tiene contra las cuerdas al secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yebrail Haddad Linero, se remonta a 2008, cuando este asumió la Alcaldía de Ocaña.

En ese momento, el matadero municipal estaba arrendado por la Asociación de Expendedores de Carne (Serviaeco) y el nuevo gobernante decidió continuar con esta figura.

En 2011, el Invima advirtió el cierre de la planta de beneficio de ganado, puesto que no reunía las condiciones de salubridad. El plan de recuperación implicaba una inversión con la que el municipio no contaba, por lo que el entonces alcalde decidió solicitar autorización al Concejo para que Serviaeco continuara con el arrendamiento.

“Se sometió al análisis de los concejales, quienes otorgaron las facultades para renovar el contrato. La asociación se comprometió, y en efecto se cumplió, con la adecuación de un cuarto frío, mejoraron el sistema de sacrificio y la planta de tratamiento de las aguas servidas”, explicó Hadad Linero.

Por estos hechos, también son investigados nueve concejales de la época.

*La Opinión