Después de 29 años de haber sido reformadas las Juntas Administradoras Locales (JAL), los ediles siguen dando la pelea por lograr un reconocimiento económico al trabajo que desarrollan en favor de sus comunidades.

A pesar de que en reiteradas oportunidades estos funcionarios han insistido en la necesidad de que les sea autorizado un salario y en el Congreso han hecho trámite varios proyectos de ley en este sentido, al final la realidad sigue siendo la misma: su trabajo es ad honorem.

No obstante la falta de voluntad política que, alegan los ediles, se ha tenido frente a este tema, en el Legislativo comenzó a hacer trámite nuevamente una iniciativa que busca el reconocimiento de un pago a los integrantes de las JAL.

El proyecto, del cual es ponente la senadora de Opción Ciudadana, Doris Clemencia Vega, fue aprobado esta semana en primer debate y se espera que cumpla con el cronograma establecido, a fin de que no sufra la misma suerte del anterior, que terminó hundido en el último debate por falta de quórum.

“Los ediles son una especie de mandaderos de la comunidad. Generan apoyos permanentes a los habitantes y están representados en las Juntas Administradoras Locales. Al reconocerse económicamente su gestión, es un paso en el fortalecimiento de su labor en los cuatro puntos cardinales de Colombia”, aseguró Vega.

La congresista explicó que si se logra sacar adelante la propuesta, en la práctica, el reconocimiento del salario a los ediles quedará en manos de cada municipio, es decir, del alcalde, quien tendrá la autonomía para disponer de los recursos de libre destinación.

“Así comenzó el apoyo económico a las madres comunitarias y hoy tienen un salario mínimo por su tarea”, dijo.

Durante la discusión del proyecto en la Comisión Primera del Senado, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, propuso que para hacer efectivo este pago, en lugar de disponer de los recursos con los que cuentan los entes territoriales por libre destinación, que son escasos, se acepte la propuesta de su partido de reducir en un 30% el salario de los congresistas y este dinero se destine para la remuneración de los ediles.

“A todos los congresistas les parece tan importante que los ediles tengan salario, pues bien, que se lo quiten ellos. Que no se lo quiten ni a la educación, ni a la salud, ni a la primera infancia; que se lo quiten a su propio salario”, planteó.

“Es necesario que nos reconozcan algo”

Los ediles de Cúcuta celebraron el trámite del nuevo proyecto de ley que busca un reconocimiento a su labor e insistieron en que por la función que cumplen deberían, desde hace mucho tiempo, contar con un salario.

“Nosotros trabajamos en las veredas, tenemos que estar en un lado y otro, poniendo la cara por la comunidad y estamos expuestos. Es necesario que nos paguen algo”, manifestó Marlene Saa, edil de la Comuna 13, corregimiento de Buena Esperanza.

Saa coincidió con Luis Carlos Galvis, edil de la Comuna 7, en que de su propio bolsillo deben sacar los recursos para transportarse, hacer trámites y cumplir con las funciones que les han sido encomendadas por ley.

“El trabajo de nosotros es de limosna. Yo lo hago porque me gusta servirle a la comunidad, pero si no tuviera un trabajo sería muy difícil ser edil”, advirtió Galvis.

El líder comunal reprochó que año tras año y elección tras elección se escuchan promesas, pero nunca se cumplen. “Esta figura de los ediles la utilizan es para hacer política”, dijo.

En Cúcuta, cada cuatro años son elegidos 112 ediles, para periodos que deben coincidir con el de los concejos.  

El papel de las JAL
 
La Ley 136 de 1994 estableció un paquete de funciones para la Juntas Administradoras Locales (JAL) y quienes sean elegidos para integrarlas, entre las cuales figuran:

Presentar proyectos de acuerdo al Concejo relacionados con el objeto de sus funciones.

Recomendar la aprobación de determinados impuestos y contribuciones.

Promover, en coordinación con las diferentes instituciones cívicas y juntas de acción comunal, la activa participación de los ciudadanos en asuntos locales.

Fomentar la microempresa, famiempresa, empresas comunitarias de economía solidaria, talleres mixtos, bancos de tierra, bancos de maquinaria y actividades similares.

Colaborar a los habitantes de la comuna o corregimiento en la defensa de sus derechos fundamentales.

Presentar planes y proyectos de inversión social relativos a su jurisdicción.

Distribuir partidas globales con sujeción a los planes de desarrollo del municipio, atendiendo las necesidades básicas insatisfechas de sus comunidades, garantizando la participación ciudadana.

*La Opinión