Con el apoyo de la coalición de gobierno y el rechazo de la oposición, el proyecto que permitirá en adelante que el secuestro y el narcotráfico no puedan considerarse como delitos conexos al político, ni indultables, contrario a lo que fijó el acuerdo de paz de La Habana, superó su primera vuelta en el Congreso de la República.

La iniciativa, que ha desatado un amplio debate entre los defensores y detractores de lo que se pactó con la desaparecida guerrilla de las Farc, logró salir victoriosa en su cuarto debate antes de entrar al receso de fin de año y a partir de marzo enfrentará una nueva prueba de fuego, en su recta final.

Esta modificación fue uno de los principales compromisos de campaña del presidente Iván Duque, a raíz de los reparos que tuvo el Centro Democrático frente a la posibilidad de que los máximos exjefes de las Farc pudieran llegar al Congreso y a la Presidencia de la República sin  tener que pagar antes una pena en prisión.

“Este fue un domingo de novena de aplanadora tenaz, pocas veces vista. Ni Santos tuvo estas mayorías sumisas. Pupitrearon cinco reformas constitucionales sin debate, sin deliberación, sin una exposición elemental de contenidos, nisiquiera leían los textos, violaron todas las reglas posibles”, señaló la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, sobre esta reforma y otras que, en su criterio, serán demandadas porque hubo vicios en el trámite.

Ante las críticas de los sectores de oposición, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, manifestó que este proyecto de acto legislativo no afectará a quienes se acogieron al acuerdo de paz, pues sus efectos no son retroactivos.