La larga y cuestionada elección de contralor y personero de Cúcuta ha dado para todo. No solo estas entidades tuvieron que quedar en manos de encargados, en vista de que no ha sido posible elegir a sus titulares para los próximos cuatro años, sino que la lluvia de tutelas y solicitudes de información sobre el tema, tiene inundado el Concejo de la ciudad.

En un inusual hecho, los requerimientos en torno a lo que ha sido el proceso de selección y elección de contralor y el concurso de méritos para personero, duplicaron el número de peticiones que normalmente se radican ante la Secretaría del cabildo.

Mientras que hace un año, entre el 2 de enero y el 9 de marzo se habían radicado 159 derechos de petición y otros oficios, en el mismo periodo de este año esa cifra ya llega a 355.  Es decir, a diario, en la entidad se registra un promedio de ocho solicitudes.

En todo 2015, el número de peticiones fue de 1.112.

La mayoría de solicitudes presentada está relacionada con la entrega de información y documentos que soportan la elección de los dos funcionarios encargados de reemplazar a Carlos Eduardo Coronel (contralor) y Orlando Arturo Puentes (personero), cuyos procesos han desencadenado una serie de demandas, acciones de nulidad, desacatos, recursos de amparo, entre otras acciones judiciales.

A estas peticiones se le suman las 10 tutelas instauradas en medio del mismo trámite, por parte de los diferentes actores involucrados y que hoy tienen frenadas ambas elecciones, toda vez que mientras que en el caso de contralor se ordenó suspender los actos que han dado origen al proceso de selección, en la de personero hay una orden que establece reanudar el proceso anterior.

Sandra Patricia Angarita, secretaria general del Concejo, reconoció que en los 20 años que lleva vinculada a esta entidad, nunca había sido testigo de una situación similar y mucho menos en el marco de una elección de contralor y personero.

Asegura que esta demanda de peticiones ha multiplicado la labor del personal administrativo de la corporación, toda vez que mientras que las tutelas tienen un tiempo de respuesta de hasta dos días, los derechos de petición entre 10 y 15 días.

La mayor dificultad radica en que, además de Angarita, que es la encargada de responder por la documentación, el Concejo tan solo cuenta con una asesora jurídica, quien tiene que hacerle frente a todas las respuestas que se deben entregar.

Por esta razón, las dos funcionarias han tenido que extender sus horarios laborales a jornada continua e incluir los sábados, pues, de no cumplir con las respuestas, podrían ser objeto de desacato.

Este panorama no parece mejorar en el corto plazo, toda vez que en la medida que se alargue la elección del nuevo contralor y personero, los requerimientos seguirán llegando.

*La Opinión