Prorrogar o no la Ley 1448 de 2011, que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, es la tarea que debe resolver la Corte Constitucional en los próximos días, esto luego de que sus miembros aceptaron una demanda interpuesta por los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera.

La puja no está fácil de resolver, por eso el alto tribunal se dio a la tarea de citar a sectores del Gobierno e independientes para que expongan los argumentos sobre esta acción que interpusieron los exmiembros del mandato del expresidente Juan Manuel Santos, al considerar que de no prorrogar la Ley hasta 2030, se estarían vulnerando los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Cristo, quien en la mañana de este jueves fue el vocero de los demandantes, señaló que la extinción de la ley generaría un retroceso en las garantías de las personas que fueron desplazadas forzosamente de su territorio.

“Uno de los ejes de paz es la protección de las víctimas. El gobierno y la Farc pactan que deben fortalecer el esquema de protección de las víctimas”, señaló y añadió que si bien existen actos legislativos que promueven los derechos de las personas que sufrieron la guerra no garantizan la forma cómo las instituciones deben ser instrumentalizadas para ello.

El exministro resaltó que la ley es la política pública más ambiciosa que hay en el país en relación a la reparación de las víctimas.

“Si está ley pierde vigencia por expiración de 10 años, el país enfrentaría retroceso los derechos de las víctimas 8 millones de víctimas, además desaparecería la Unidad y Registro de Víctimas y esta institución está hecha para garantizar los derechos las víctimas”, argumentó ante el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien conoce del proceso y será quien se pronuncie en Sala.

Para Cristo, los avances que ha dejado la ley son significativos pues más de 900 mil colombianos se han visto favorecidos. Con la normativa han logrado restituir más de 300 hectáreas y, a su juicio, millones de colombianos desplazados fueron tenidos en cuenta por el Gobierno.

Si bien el exministro destacó la buena labor de la normativa, también señaló que todavía la acción del Estado es insuficiente frente a la cantidad de víctimas que se generaron por cuenta del conflicto. En sus cifras, datan que al menos 8 millones 300 mil personas fueron afectadas por la guerra y pese a todos los esfuerzos, reconoció que “llevamos retraso en materia de indemnización”. Por esto, en su discurso le solicitó a la Corte ampliar el plazo de la vigencia de la Ley hasta 2030 para satisfacer derechos de las víctimas.

“Lo que hemos venido a pedir hoy es que no dejemos sujeto a los vaivenes políticos los derechos de las víctimas”, puntualizó.

Las voces del estado

Juan Carlos Cortés, actual viceprocurador, señaló que Colombia se ha caracterizado por proteger a las víctimas, por esto considera que la normativa es la piedra angular para garantizar tales acciones que se derivaron del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y el extinto grupo guerrillero de las Farc.

Para Cortés está claro que si se llega a generar la pérdida de vigencia de la normativa se estarían desconociendo los mandatos constitucionales en materia de medidas de reparación y la búsqueda de la paz e imposibilita al Estado para proteger los derechos.

El delegado del Ministerio Público señaló que de no aplicarse la normativa, las consecuencias se registrarían en el derecho a la reparación, el derecho a la ayuda humanitaria y los derechos a comunidades étnicas, de los cuales 422 están reconocidas.

De acuerdo con Cortés, de desconocer la vigencia de la ley habría cabida a un vacío normativo o efecto contrario toda vez que desconocería las acciones constitucionales. “El Ministerio Público ha solicitado que la limitación plateada en el tiempo resulta contraria a la Constitución”.

Por su parte, María del Pilar Valencia, delegada del Tribunal Especial para la Paz señaló que se requieren múltiples realizaciones y desarrollos para fortalecer las instituciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas.

La delegada de la JEP concluyó que “estamos ante una inconstitucionalidad, la vigencia debe extenderse hasta que la JEP culmine su labor”.

El ‘no’ del Centro Democrático

El senador José Obdulio Gaviria, por su parte, tildó la demanda de los exministros como una acción con “argumentos personales”. Le reprochó a los exfuncionarios del mandato Santos por no haber “asegurado el cumplimiento de la ley durante 8 de los 10 años” que reposaba en la misma.

“Es evidente que la demanda no cumple con los requisitos, son especulaciones que no argumentan de manera definitiva la vulneración de las víctimas”, recalcó a los magistrados que este no es el primer intento de atacar la ley pues en varias ocasiones se han rechazado las acciones legales.

El senador del Centro Democrático, en su intervención, solicitó a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse sobre la prorroga de la normativa dado que esa acción, a su juicio, le corresponde al Legislativo.

“El 11 de junio de 2020 es el Congreso el que debe determinar si da continuidad o no a la ley”, afirmó y señaló además que el tema se está moviendo al interior del Congreso dado que hay un proyecto de ley del Partido de La U, que propone aumentar la vigencia en 10 años.

Los externos

Sergio Jaramillo, excomisionado para la Paz, quien intervino por medio de un vídeo desde Bruselas, argumentó que “la Ley de Víctimas fue una ley muy audaz porque tenía como objetivo responderles a las víctimas con verdad y reparación”.

A juicio de Jaramillo, el Estado tiene el programa de reparación “más grande de la historia” dado que la ley fue pensada como una primera base en el proceso de cierre del conflicto. Para el excomisionado, una de las bases es que las víctimas, entre ellos, desplazados es que retornen a sus territorios.

Argumentó también que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que hace presencia en al menos 170 municipios que concentran el mayor número de víctimas, se entiende como una acción de promover desarrollo de regiones y reconocer el dolor que viven esas regiones.

Pese a que reconoce los avances, Jaramillo señaló que es “evidentemente indispensable que se prorrogue la ley. Todos sabemos que hay dificultades pero no hay que desfallecer”.

Para Vivian Newman, delegada de Dejusticia, la ley que estudia la Corte es necesaria en indispensable dado que no existe una igual u otra mejor en el país.

Según Newman, la normativa compromete al Estado en su conjunto, por lo que la misma se constituye como una Política Pública. Argumentó que debe haber coherencia en las normas que expide el legislador y las interpretaciones que se han dado puesto que deben ser consistentes con los principios del Acuerdo Final.

Señaló que en este caso se debe cumplir con lo pactado, que es mantener los acuerdos tal como se firmaron, durante los próximos tres mandatos presidenciales. Lo importante para la delegada de Dejusticia es que no puede haber un retroceso con lo que se adelantado hasta el momento.

Lo que dicen las víctimas

“El debate parece no solo discutir la vigencia de la Ley, sino la vigencia de las víctimas”, es lo que señaló Odorico Guerra, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, quien afirmó que los derechos de las personas afectadas por la guerra no deberían estar limitados a recursos presupuestales.

El miembro de la Mesa de Víctimas reseñó que pese a que se han surtido una serie de avances, aún las políticas del Estado se quedan cortas para todo el reto que tiene con las personas afectadas por la guerra dado que, aún en el territorio, se sigue registrando desplazamiento entre otras acciones derivadas del conflicto.

Guerra consideró que todas las víctimas no podrían ser reparadas de aquí al 2021 por lo que solicitó que la vigencia de la ley se amplíe a un periodo igual a lo proyectado en los acuerdos de paz.

"Llamado a que el Gobierno nacional sea consecuente con la norma", señaló.