Tal y como lo había anticipado desde hace un mes el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el presidente Juan Manuel Santos le devolvió al Congreso de la República la ley por medio de la cual se bajaba la cotización en salud de 12% a 4% de los pensionados del país. 

En las razones que se exponen al presidente de la Cámara, Miguel Angel Pinto, el Gobierno sostiene que le revisten objeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia y que se hacen para proteger a 4,4 millones de afiliados y al propio esquema de subsidios que beneficia a una buena parte de la población. 

En los vicios de constitucionalidad, el Gobierno indica que la votación del informe de conciliación careció de unanimidad, se eludió el debate parlamentario y no fue saneado. Igualmente, sostiene que la exención tributaria no contó con el aval. 

Otra razón que se plantea al Congreso para devolver la ley es que el proyecto es violatorio de los principios de equidad y progresividad en materia tributaria, así como de los de solidaridad y progresividad de la seguridad social. 

También el gobierno considera que el proyecto de ley es regresivo, en la medida en que priva al sistema de salud de una importante fuente de financiamiento, sin establecer cómo se va a sustituir, pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de una gran parte de la población, estimada en cerca de 4,4 millones de afiliados. 

En lo económico, el Gobierno dice que se compromete la financiación del Sistema de Salud al generar un impacto fiscal promedio anual de 3,7 billones de pesos, entre el 2017 y el 2022, y que en 20 años, el valor presente neto del impacto ascendería a 100 billones de pesos a precios del 2017. 

Ahora, el proyecto al regresar al Congreso deberá ser discutido por las plenarias para decidir si acogen o no las objeciones, de no aceptarlas, el mismo deberá ir a la Corte Constitucional.