Hace una semana la Cámara de Comercio de Cúcuta finalmente logró ponerse de acuerdo para llenar el vacío que durante dos meses hubo en la Presidencia Ejecutiva, pero la polémica que ha rodeado la destitución de quien ocupara ese cargo hasta el pasado 30 de junio, Héctor Jesús Santaella, no termina.

El saliente representante legal de la entidad interpuso una acción de tutela en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y de la misma Cámara, en la que pide que le respeten sus derechos al trabajo, al debido proceso, a la dignidad humana y al buen nombre, pero, además, que como medida provisional sea reintegrado de inmediato al cargo, puesto que “no se encuentra en firme acto jurídico alguno que disponga la terminación de mi contrato de trabajo”.

El recurso de amparo ya fue admitido y se encuentra en trámite ante el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta.

En el documento, Santaella asegura que si bien es cierto que la junta directiva tomó la decisión de removerlo del cargo, al momento de instaurar el recurso de amparo conservaba intacta su calidad de presidente ejecutivo, pues para que su salida pudiera surtir efectos jurídicos se debió hacer el respectivo registro tanto de la remoción, como del nombramiento de quien lo reemplace, y hasta ese momento no se había dado.

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La Super no reconoce a Santaella como presidente de la Camara de Comercio

Dijo que prueba de que la representación legal de la entidad seguía en sus manos era que en el certificado de existencia expedido por el Grupo de Notificaciones y Certificaciones de la SIC, seguía apareciendo como el titular de la Cámara.

Como se recuerda, con ese documento fue que Héctor Jesús Santaella se hizo presente en la Cámara de Comercio el pasado 25 de agosto para retomar sus funciones, tras revocarse la suspensión que pesaba en su contra por parte de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, pero apenas unas horas después dicho reconocimiento fue negado por la Super.

Esta postura también es reprochada por el expresidente de la Cámara en la tutela, pues alega que la SIC “yerra jurídicamente” al afirmar que el certificado de representación legal en el que aparecía su nombre no era de carácter constitutivo y que, en consecuencia, lo que prevalecía era la orden de destitución adoptada por la junta.

“(…) es la inscripción en el registro aquella condición sine qua non para la producción de efectos jurídicos del acto inscrito, y en tal sentido, al no existir registro de persona diferente, y no reconociendo al suscrito, quien se encuentra debidamente inscrito y funge como representante legal de la CCC, la SIC de manera arbitraria e ilegal desconoce el pronunciamiento proferido por la H. Corte Constitucional en su proveído C-621 de 2003”, planteó Santaella.

Asegura que es claro que en su caso se está incurriendo en una violación al debido proceso, puesto que no solo no se inscribió el acta de su remoción del cargo en el registro, sino porque se dio por terminada su relación laboral sin el lleno de los requisitos exigidos en la legislación laboral.

“En ese orden de ideas, y hasta tanto no se efectúe en debida forma y con el lleno de los requisitos legales la inscripción del nuevo representante legal de la CCC, el suscrito seguirá considerándose, por disposición legal y jurisprudencial, para todos los efectos legales, como el presidente ejecutivo de la CCC y en tal sentido conservo con el pleno de las garantías constitucionales y laborales, mis funciones inherentes al cargo, así como el estricto cumplimiento de mis obligaciones contractuales con la entidad, las cuales como se dijo, han sido violadas por la SIC y la CCC”, señaló el exdirectivo.

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Aunque no hay un pronunciamiento oficial hasta el momento por parte de la Cámara de Comercio frente a la tutela interpuesta por su anterior representante legal, algunos miembros de la junta confirmaron que en este momento Sergio Andrés  Entrena, elegido el pasado viernes,  ya aparece registrado como el nuevo presidente ejecutivo.

Días atrás, entre tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio explicó que la Oficina Asesora Jurídica de la entidad precisó que las decisiones de la junta directiva de las Cámaras de Comercio son obligatorias desde el momento en que son adoptadas por sus miembros, de conformidad con la normativa aplicable, razón por la cual si la orden fue remover del cargo a Santaella, se daba por entendido que con ello perdió su representación legal.

Otras peticiones

En la tutela, Héctor Jesús Santaella también solicita como medida provisional que se ordene la suspensión de las sesiones de la junta directiva de la Cámara, hasta tanto no se resuelva la acción interpuesta, “en aras de que no se sigan produciendo decisiones abiertamente contrarias a la ley”.

Así mismo, pide que se le ordene a la SIC y a la Cámara de Comercio que lo reconozcan públicamente como presidente ejecutivo hasta que se inscriba debidamente el acta que legaliza su remoción del cargo, y que el superintendente Andrés Barreto González se rectifique públicamente y reconozca su calidad de directivo de la entidad.