El próximo sábado se cumplirán dos meses desde la audiencia pública del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las revocatorias de mandato que tomaron auge en el país, y en la cual se anunció la revisión de todos los procesos. Durante este tiempo, en total, se han llevado a cabo siete elecciones de revocatoria y sobre ninguna se ha pronunciado el organismo.

Lo que preocupa es que el umbral nunca ha sido superado, pues la abstención ha ganado en todas, mientras los costos no dan tregua. Más de $1.546 millones, se han invertido en estos procesos, siendo el más costoso el de Barrancabermeja, con $554  millones y una abstención del 90,05 %.

De todos los siete procesos, que fuera del ya mencionado, incluyen a Ocaña, Norte de Santander; a Carmen de Bolívar, Bolívar; a San Benito y San Antonio de Palmito, Sucre; a Icononzo, Tolima; y a El Copey, Cesar, la menor abstención registrada ha sido de un 73,64 % y eso lleva a pensar que los recursos se han perdido.

Pero sumado al debate que suscitan los recursos, lo que preocupa es que todos esos procesos y los que están en trámite, que sumados completan cerca de 100 solicitudes de revocatoria, estaban o están en revisión por parte del máximo órgano electoral, es decir del Consejo Nacional Electoral.

Lo que se había definido era que iban a revisar las motivaciones de los grupos promotores para emprender estos procesos, pues en algunos casos se denotaban irregularidades, incluso se llegó a hablar de chantajes a los mismos alcaldes.

Un ejemplo de eso, se escuchó hace dos meses en la audiencia por parte del alcalde de Orito, Putumayo, Manuel Eduardo Ocoro Carabalí, quien denunció: “En primer lugar me llamaron, me intimidaron diciendo que les diera 200 millones de pesos a cambio de adulterar las firmas y poderlas entregar a la Registraduría para ellos cumplir su cometido”.

Según el magistrado Armando Novoa, “el Consejo Nacional Electoral no ha logrado tomar ninguna decisión de fondo en ninguno de esos procesos y las decisiones han quedado sujetas a decisiones de conjueces”.

Se habla de que cerca de cuatro casos estarían en manos de conjueces, pues las diferencias entre los magistrados han sido el pan de cada día frente al tema de las revocatorias. Por ejemplo, Novoa considera que quieren bloquear los procesos.

“Yo lo que observo es que hay una tendencia pendiente a bloquear el desarrollo de ese mecanismo, protestando distinta clase de argumentos. Ahora se habla de los costos de la revocatoria, que sin duda son costos reales, pero también no olvidemos que hace dos meses se presentó un proyecto pendiente a paralizar todos los procesos que venía de la presidencia del Consejo Nacional Electoral”, dice el magistrado, agregando que la solución no es bloquear las iniciativas.

100 pendientes

“Una cosa es que estén inscritas 100 iniciativas, y otra cosa es que todos los comités puedan recoger las firmas y acreditarlas dentro del tiempo que establece la ley. Puede que no todos los procesos lleguen allá, pero al paso que vamos esas votaciones se están llevando a cabo sin que el Consejo haya tomado una decisión de fondo real, y parecería que no va a ocurrir en el inmediato futuro algo distinto”, dice el magistrado Armando Novoa.

Dijo que así haya más de 100 solicitudes para revocar mandato no implica que todas se vayan a hacer, porque entre otras cosas, fuera del cumplimiento de firmas, el CNE tiene que expedir un certificado para cada proceso afirmando que están bien las cuentas que presenten.

De hecho, por la falta de ese certificado es que está detenido el revocatorio del mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pues se dijo que había unas irregularidades en las cuentas y por ello el comité promotor envió nuevamente los documentos para aclararlas.