Una vez más, el Congreso empezó a allanar el camino  para que las víctimas de los territorios más afectados por el conflicto como el Catatumbo, puedan tener representación directa en la Cámara durante dos periodos consecutivos.

Aunque esta propuesta  ya ha hecho trámite en el Legislativo en dos oportunidades, la falta de consenso y respaldo por parte de los partidos la ha hecho naufragar y por eso fue necesario volverla a presentar en la legislatura que acaba de arrancar.

En esta ocasión, salvo el Centro Democrático que siempre se ha opuesto a la idea de aprobar 16 curules especiales en la Cámara de Representantes, la mayoría de partidos con asiento en la Comisión Primera del Senado coincidió, ayer, en respaldar el nuevo proyecto, con algunas modificaciones, y por eso votaron de manera positiva su articulado. 

El propósito, explicó el ponente de la iniciativa, el senador Roy Barreras, es buscar un consenso con todas las colectividades para que la reforma pueda ser aprobada por unanimidad en la plenaria y repetir el mismo ejercicio en la Cámara.

“Los senadores del Cetro Democrático no nos han acompañado en esta votación, pero hemos tenido mayoría sin ellos. Esperamos que para los siguientes debates encontremos puntos de acuerdo para que también ese partido de gobierno apoye el derecho de las víctimas a tener vocería política”, señaló el congresista del Partido de la U.

Tal y como fue concebido en el acuerdo de paz con las Farc, Norte de Santander y más concretamente el Catatumbo, tendría derecho a uno de esos 16 espacios en el Congreso. 

Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú conformarían uno de los bloques de municipios en los que sus habitantes podrán elegir su propio representante, diferente a los que ya eligieron los partidos tradicionales.

Las condiciones para aspirar

Según quedó establecido en el nuevo proyecto de reforma que hace tránsito en el Congreso, las 16 Circunscripciones Especiales serán exclusivamente para las víctimas y por esa razón no podrán aspirar a ellas quienes hagan parte de los partidos políticos, ni los desmovilizados.

Los aspirantes deberán estar debidamente acreditados en el registro único de víctimas y su postulación la harán las organizaciones sociales asentadas en el territorio.

La elección se daría en octubre del próximo año, las listas serán con voto preferente y la financiación de las campañas será preponderantemente estatal.

Los candidatos tendrán que haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción, durante los tres años anteriores a la fecha de la elección.

La propuesta pasará a la plenaria del Senado después del 20 de septiembre, en donde será sometida a su segundo debate. Si es aprobada, saltará a la Cámara para que surta el mismo proceso y luego regresa al Senado para la segunda vuelta.