Faltando apenas seis días para la votación de la revocatoria en la que se decidirá la continuidad de la alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que revisará si la convocatoria se hizo de manera legal y si la exposición de motivos se ajusta a los requisitos de ley.

En ese sentido, convocarán para este miércoles a una Sala Plena de urgencia, a fin de analizar si hay lugar a suspender los procesos que están listos para ser votados este fin de semana o, definitivamente, pueden seguir adelante.

La decisión se adoptó luego de la audiencia organizada por el tribunal electoral y en la que se escuchó tanto a los gobernantes que tienen en curso procesos revocatorios, como a los promotores de los mismos, a propósito del debate que se ha desatado en el país por cuenta del posible abuso del mecanismo de participación.

De acuerdo con el presidente del CNE, Alexander Vega, la revocatoria del mandato está siendo usada de manera ilegal en muchas ciudades y municipios del país, como es el caso de Orito (Putumayo) en donde, según el alcalde, fue víctima de extorsión por parte de uno de los comités organizadores. Por esta razón, dijo que  es necesario revisar todos los procesos que están en marcha.

En otros casos, aseguró el magistrado, los comités estarían utilizando de manera fraudulenta los formatos de recolección de apoyos, pues les piden a las personas que los firmen para no perder los beneficios de los programas del Estado.

En Ocaña, la alcaldesa alegó que quienes buscan apartarla del cargo están sustentando el incumplimiento de sus promesas de campaña, más no se están guiando por el Plan de Desarrollo, que es su verdadera hoja de ruta.

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En vista de estos argumentos, el presidente del Consejo informó que se va a evaluar caso por caso, dada la particularidad de cada uno, y basados en lo que establece la Ley 1757, que protege el derecho a la participación democrática.

“Lo que se logra demostrar a la opinión pública es que los alcaldes están siendo víctimas de los procesos de revocatoria del mandato, no con la naturaleza que fue concebida, sino con intereses particulares”, advirtió Vega.

El magistrado aclaró que  con esta decisión no se está incurriendo en ningún prevaricato, puesto que no se está reglamentando el mecanismo de participación sino revisando los procesos que están en curso, para evitar que se convoquen de manera ilegal.

“Si permitimos que se convoquen sin cumplir los requisitos, estaríamos haciendo incurrir en un fraude procesal a toda la organización electoral. Lo que queremos evitar es que hayan gastos en elecciones convocadas de manera ilegal”, dijo.

Recordó que en 2009 el CNE ordenó suspender y archivar algunas solicitudes de revocatoria, por lo que esta no es la primera vez que se cumple con este trámite.

En Norte de Santander, además de  Ocaña, existen otras cinco solicitudes que están en la etapa de recolección de firmas. Estas son: Cúcuta, Ragonvalia, San Cayetano y dos más de Ocaña.

No hay recursos

Durante la audiencia en el Consejo Nacional Electoral también participó el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, quien confirmó que actualmente están en curso 107 solicitudes de revocatoria del mandato en todo el país.

En vista de que varias de ellas ya prosperaron y fueron convocadas a las urnas, el titular de la entidad alertó que su organización le podría costar al Estado $98.500 millones, los cuales no están disponibles en este momento.

“De todos los procesos tenemos cuatro con convocatorias y con fecha para la realización de los procesos electorales: San Benito (Sucre), El Copey (César), Ocaña (Norte de Santander) y Remolino (Magdalena)”, dijo.

Otros tres ya tienen las firmas revisadas, pero aún no se ha convocado: Palmito (Sucre), Carmen de Bolívar y Barrancabermeja. Entre tanto, hay nueve procesos en revisión de firmas, incluido el de Bogotá.