Después de varias modificaciones al texto sugerido por la Misión Especial y de recoger las propuestas de los partidos políticos, pero también de los ciudadanos, el Gobierno dejó en manos de la Cámara de Representantes el proyecto de reforma con el que se busca darle un giro al sistema democrático colombiano, combatir la corrupción en los procesos electorales y renovar la política.

Ante las críticas que generó la idea de una Corte Electoral, el Ejecutivo finalmente decidió crear el Consejo Electoral Colombiano, un organismo independiente que, sin ser parte de la Rama Judicial, tendrá algunas funciones jurisdiccionales como resolver las impugnaciones sobre inhabilidades y fraude electoral.

Este organismo tendrá, además, una unidad de policía judicial con capacidad de investigación, para controlar asuntos relacionados con la financiación electoral.

Otra de las principales propuestas que había sugerido el grupo de expertos para fortalecer los partidos y acabar  con el clientelismo en los procesos democráticos, definitivamente sí tuvo eco en el Gobierno y será sometida a discusión del Congreso: las listas cerradas y bloqueadas.

Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lo que se pretende con este mecanismo es reducir sustancialmente el costo global de las campañas.  

A esta medida se le suma la financiación preponderantemente estatal, la prohibición a las campañas para contratar transporte el día de las elecciones y las transacciones con dinero en efectivo, es decir que todo se hará a través del sistema financiero.

De acuerdo con el jefe de la cartera política, el Estado pasaría a financiar, indirectamente, las campañas sobre la base de dos ejes: garantizando la movilización de los votantes y la propaganda electoral en radio y televisión.

Quienes entreguen dádivas, regalos y donaciones a los electores podrán ser castigados con la pérdida de la investidura y responsabilidad penal.

“Violar estas disposiciones tendrá responsabilidad penal para particulares, gerentes de campañas, directores de partidos y para los candidatos ocasionará la pérdida de investidura”, explicó Cristo.

Dijo que los particulares podrán  seguir aportando a las campañas, pero deberán rendir cuentas públicamente.

En la reforma también se establece la implementación gradual del voto electrónico y la generalización del sistema de identificación biométrica, con el fin de garantizar mayor transparencia en las elecciones.

Igualmente, se crea una especie de doble instancia para los elegidos mediante voto popular. Así las cosas, si bien las autoridades administrativas mantienen sus funciones, cuando la inhabilidad afecte el ejercicio de los derechos políticos, se necesitará la posición de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

“Las demandas de pérdida de investidura las estudiaría en primera instancia una sección accidental conformada por el Consejo de Estado y la Sala Plena tendría la segunda revisión”, explicó.

Cristo aseguró que esta es una reforma contra la corrupción, con la cual el Gobierno Nacional cumple un mandato del acuerdo de paz y un mandato ciudadano “porque los colombianos no están contentos con la manera como se maneja la política”.

‘No’ a curules vitalicias

El proyecto de reforma política y electoral que comienza su trámite en el Congreso también le pone fin a las llamadas curules vitalicias, al establecer que nadie podrá ser elegido por más de dos periodos consecutivos en las corporaciones públicas (Congreso-asambleas y concejos).

De igual forma, se promueve la renovación generacional, al reducir la edad para ser congresista. En el caso del Senado pasa de 30 a los 25 años y para ser representante a la Cámara pasará de 25 a 21 años.

La iniciativa también incluye incentivos para impulsar la participación política de mujeres y jóvenes así: un 10 % de la financiación estatal se distribuirá de manera proporcional al número de mujeres inscritas como candidatas en las listas y otro 10% en función del número de jóvenes inscritos.