En las pasadas elecciones presidenciales, una lluvia de candidaturas por firmas marcó la campaña e hizo de esta una inédita contienda.

Sin embargo, al final, muchos de esos aspirantes que decidieron salir a la calle de manera anticipada a pedir el apoyo de los colombianos y a posicionar su nombre, terminó avalado o aliado con algún partido político, como fue el caso de Germán Vargas, Sergio Fajardo y Gustavo Petro.

En los comicios de 2015, una situación similar se registró en Cúcuta, durante las elecciones locales, en las que Jorge Acevedo empezó su tercera campaña política recogiendo firmas para avalar una candidatura a la Alcaldía y aunque hasta un concejal logró elegir con su movimiento ‘Todos por Cúcuta’, finalmente fue Cambio Radical el que terminó avalándolo.

Este tipo de casos podrían llegar a su fin a partir de las elecciones de 2019, si prospera en el Congreso un artículo de la Reforma Política que establece un límite al mecanismo de recolección de firmas, con el propósito que se convierta en una verdadera herramienta para los nuevos movimientos y expresiones sociales que no se identifican con los partidos, y no en el comodín de los políticos.

Según la norma, que ya superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado, quien haya militado en un partido o movimiento político un año antes de las inscripciones para cargos de elección popular, no podrá aspirar con el apoyo de firmas.

En ese mismo sentido, se establece que los precandidatos que vayan a aspirar por determinada corriente política con personería jurídica, deberán estar inscritos como militantes un año antes de la elección, como plazo mínimo.

Al respecto, el ponente del proyecto de reforma, el senador Roy Barreras, explicó que lo que se quiere es limitar “la trampa” que le hacen a las firmas y acabar el juego de la doble militancia.

“Lo que se busca es que el que recoja firmas se queda con firmas y el que quiera ir por un partido se va por un partido, pero no va por firmas y al final con el aval de un partido. Tiene que escoger la una o la otra opción como es natural”, manifestó el congresista, tras advertir que la idea es que esta regla aplique para los comicios del próximo año.

Barreras dijo que el objetivo es frenar los abusos que se están haciendo de los apoyos ciudadanos y evitar que una persona que es militante de una colectividad se aproveche del mecanismo, “porque esto es un engaño”.

El senador del Partido de la U señaló que, en vista de que uno de los principales propósitos de la Reforma Política es “arrancar de raíz el sistema clientelista y corrupto” que opera en los procesos electorales, cerrando las listas a corporaciones públicas, es necesario fortalecer, a la vez, el mecanismo de recolección de firmas.

Los inconvenientes

Aunque el propósito del proyecto es que la vía de las firmas sea para quienes en realidad no tienen una representación política, la Misión de Observación Electoral (MOE) considera que hay algunos aspectos que dificultan que la norma se cumpla tal y como está concebida.

Por ejemplo, para la veeduría, los problemas que todavía existen con los registros de militantes en los partidos no le permitiría al Consejo Nacional Electoral verificar quién incumplió o no el requisito de vinculación un año antes de la inscripción.

“Como no hay un registro de militantes, no se puede demostrar que alguien milita o no. Ese es uno de los problemas del sistema”, sostuvo la MOE.

El otro aspecto es que si, como lo asegura el senador Roy Barreras, el proyecto de Reforma se aprueba en mayo del próximo año, la aplicación de las reglas estaría muy encima de la nueva contienda electoral.

Por ahora, se espera que la próxima semana la iniciativa surta un nuevo debate en la plenaria, para luego dar el salto a la Cámara de Representantes.

Se acabarían las pólizas

Como parte de las modificaciones que sufriría el mecanismo de recolección de firmas para aspirar a cargos de elección popular, el proyecto contempla la eliminación de las pólizas de garantía que deben asumir los comités promotores.

Según el senador Roy Barreras, el propósito es acabar con este requisito, que en la práctica hace muy difícil o casi que imposible llegar al final con una candidatura avalada por ciudadanos, por lo costosa que resulta dicha póliza. “Lo que queremos es fortalecer este proceso para facilitar esa expresión”, dijo el congresista.