Con una dura puja en el Congreso, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, terminó su labor legislativa,  que en la recta final estuvo marcada por la expectativa que generó la suerte del proyecto de ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Aunque hasta hace algunos meses  el gobierno de Juan Manuel Santos logró que se aprobaran a su favor los proyectos que implementan el acuerdo de paz, superada la segunda vuelta presidencial y ya con Iván Duque como presidente electo, el uribismo empezó a imponer su hegemonía y tras volcar las mayorías a su favor, puso en aprietos al Ejecutivo.

A pesar de este revés, el ministro Rivera le advierte al nuevo gobierno y a la coalición que tendrá en el Legislativo desde el 20 de julio, que no será tan fácil llegar a cambiar lo que se pactó en La Habana ni mucho menos hacerlo trizas, como se señaló en algún momento desde las filas del uribismo.

A escasos días de terminar el segundo mandato de Santos, el jefe de la cartera política hasta el próximo 7 de agosto, habló de lo que significó la aprobación de los últimos proyectos presentados y el futuro del  histórico acuerdo suscrito con las Farc.

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¿Por qué dice usted que con la JEP y la ley que la reglamenta, las ganadoras son las víctimas?

Porque las decisiones que va a tomar la Jurisdicción Especial para la Paz son para materializar los derechos de las víctimas. Entonces, contar con esa ley de procedimiento que le permita empezar a tomar decisiones, es sin duda favorable para los derechos de las víctimas.

Muchos colombianos no entienden cómo, ni cuándo arrancará la JEP. ¿En qué momento será eso?

La gente se va a dar cuenta cuando la JEP empiece a tomar decisiones. En estos momentos, ya hay unos magistrados, pero faltaba la ley de procedimiento, que por fortuna ya fue aprobada. Una vez la ley de procedimiento esté sancionada, el país empezará a conocer las decisiones de la JEP y entenderá la importancia de contar con esa jurisdicción.

¿Usted cree que el país no supo reconocerle a Santos el gran logro de la paz?

El país no ha reconocido en su justa dimensión la tarea histórica que hizo el presidente Santos en favor de la paz. Incluso, la aprobación de la ley de procedimiento se logró tramitar en un clima político adverso para el Gobierno. Sin embargo, la paz se impuso y eso merece un reconocimiento para el presidente Santos, que se la ha jugado entero por la paz del país.

¿Qué sensación le deja el hecho de que esas mayorías que tanto los ayudaron en un momento, al final parece que se hubieran puesto en contra del Gobierno?

Muchos congresistas se voltearon contra sí mismos, porque aprobaron el proyecto de reforma constitucional que creó la JEP, algunos de ellos luego aprobaron la ley estatutaria, pero en la discusión de la ley de procedimiento votaron por el aplazamiento. También votaron a favor de un par de artículos que claramente son inconstitucionales y que los promovió el Centro Democrático. Esa incoherencia que exhibieron va a ser muy difícil de explicar ante la opinión pública. Será entonces el juicio de la historia el que hará la valoración de su comportamiento.

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Pese a los artículos que el Gobierno considera inconstitucionales, los de la extradición y la comparecencia de los militares, ¿el resto de la ley quedó bien?

Esta es una buena ley, con las dos excepciones que hemos venido mencionando; ese par de artículos inconstitucionales. Esta norma define las dos grandes rutas que tienen los procedimientos en la JEP: una para quienes reconozcan verdad y otra para quienes no lo hagan. Esos dos procedimientos quedaron perfectamente diseñados y, de tal manera, la JEP podrá empezar a tomar decisiones en favor de la paz.

Tal y como quedó la ley de procedimiento, ¿los militares podrán seguir presentándose o no a la JEP?

El artículo que se aprobó, de todas maneras, les permite acogerse inmediatamente a la JEP a los miembros de la Fuerza Pública que quieran hacerlo. Por eso no tengo dudas de que la inmensa mayoría de los miembros de la Fuerza Pública que tienen en este momento investigaciones o incluso condenas por hechos relacionados con el conflicto, van a someterse a la JEP. Ellos son conscientes de que les implica un gran riesgo congelar el trámite de sus asuntos ante la justicia especial. 

¿Por qué preocupa el hecho de que se le limite a la JEP la práctica de pruebas en los casos de extradición?

Nosotros creemos que la Constitución fue clara cuando señaló que en materia de extradición la competencia de la JEP se limita a verificar el momento en que se cometió la conducta por la cual una persona es solicitada en extradición. También creemos que la JEP no puede suspender, como lo dijo la Corte, un trámite de extradición. Tampoco se puede pronunciar sobre una persona solicitada en extradición. Pero prohibirle a la JEP la práctica de pruebas es prohibirle a un juez hacer sus funciones. Los jueces lo hacen a través de pruebas y no lo hacen por ideologías, luego es una decisión que va en contra de la esencia misma de la justicia.

Cambios al acuerdo de paz

Con las nuevas mayorías del Congreso, ¿el gobierno de Iván Duque podría volver a implementar el ‘fast track’, pero para reformar las normas de la paz?

No creo. La Corte Constitucional ya le puso límite a las modificaciones del acuerdo de paz. 

¿Cree que el uribismo, tras ganar esta puja, ya anticipó que le hará cambios de fondo a los acuerdos?

No me preocupa, porque las mayorías no son el único requisito para modificar la Constitución, las modificaciones de la Constitución también tienen límites y esos ya fueron fijados por la Corte. De tal manera que, no obstante las mayorías, no podrán modificar en lo sustancial las normas que implementaron los acuerdos de paz.

¿Ve posible que esos cambios que quiere el  uribismo, los pueda hacer a través del referendo que han anunciado algunos?

Me parecería un gran error que optaran por esa vía, pues eso profundizaría la polarización que está viviendo el país. Lo que le oímos al señor presidente electo es que trabajaría por la unidad del país y una convocatoria de esa naturaleza, como un referendo, contribuiría a hacer lo contrario, mantener la polarización.

¿Qué podría modificar fácilmente el gobierno de Duque?

El gobierno no puede modificar lo sustancial, en eso fue clara la Corte Constitucional y ese es un límite que tiene el Gobierno y el límite que tiene el Congreso.

Y, ¿qué es lo sustancial que no se puede cambiar?

Los derechos de las víctimas, la participación política, el desarrollo rural para eliminar las brechas entre los colombianos que viven en el campo y los que vivimos en las ciudades; las garantías de protección para el ejercicio de la actividad política, el enfoque diferencial y de equidad de género que deben tener las normas de implementación. En todos esos aspectos no hay lugar a que se hagan modificaciones.

El nuevo gobierno tampoco quiere que los congresistas designados por las Farc se posesionen porque han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Eso puede ser posible?

Hay un acto legislativo, que es una norma constitucional, que les permite a ellos, por dos periodos, estar en el Congreso. Ese acto legislativo está vigente y está avalado por la Corte. En ese orden de ideas, ellos estarán en el Congreso y no hay razón para que no estén.