Con la firma del acuerdo sobre Justicia Transicional suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), una de las preguntas que saltan al escenario político para el futuro cercano está relacionada con la manera como será refrendado el acuerdo final de cara a la concreción de paz.

En este marco, el referendo y el plebiscito se ponen a la orden del día para tal fin, aunque expertos consultados por Colprensa se inclinan por el primero de los mecanismos como una manera de dar mayor legitimidad al proceso.

“Por acuerdo con las Farc no es posible introducir directamente ninguna reforma constitucional ni legal. Habrá que aplicar las disposiciones constitucionales al respecto”, dijo a principios de año el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández en una columna de opinión para este medio, habiendo precisado antes que “como dice el Fiscal (Eduardo) Montealegre, ni la Constitución, ni la ley exigen que los acuerdos a los que se llegue en el curso de un proceso de paz tengan que ser forzosamente sometidos a la aprobación del pueblo mediante referendo u otro mecanismo de participación”.

De hecho –agregó el jurista- los acuerdos de paz celebrados por Belisario Betancur y por Virgilio Barco, no se llevaron a consideración de los votantes.

A pesar de eso, señala el exmagistrado que “en un Estado Social de Derecho, democrático y participativo, sería natural que los asuntos de mayor trascendencia para la vida futura del país y de los colombianos -como sin duda los que se discuten en La Habana- sean objeto de la deliberación y la votación popular, con el objeto de legitimar lo actuado y de otorgar base firme a los desarrollos institucionales de lo convenido”.

La importancia de esta herramienta la da la necesidad de acreditar la viabilidad de las decisiones que se adopten, además de ser una manera de blindar el proceso ante la comunidad nacional y las instancias internacionales.

Para Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, la refrendación es importante por la legitimidad que le da a lo acordado, y hace que cada una de las determinaciones sea sostenible en el tiempo.

“De esta manera, se entiende que lo firmado no se hizo de espaldas al país”, dice Garzón al vincular su criterio con la necesidad de que los ciudadanos se enteren de lo que sucede y decidan si respaldan o no los diálogos y todo lo que ello lleva consigo en temas fiscales, políticos, etc.

Esta coincidencia la comparte José Gregorio Hernández al afirmar que en determinaciones de semejante magnitud no se obre a espaldas del pueblo como principal interesado y como titular del Poder Constituyente originario.

Desde la mirada de Garzón, una de las cosas que deben pasar en este momento es evitar que la refrendación se haga a través de un plebiscito, pues en su criterio, de esta manera se simplificaría mucho el tema, “lo contrario sucedería con un referendo”, dice.

Una opinión similar tiene el politólogo Cristian Rojas, para quien la refrendación es importante porque de no recurrirse a esta herramienta se estaría excluyendo al pueblo colombiano, directamente afectado por el accionar de esa guerrilla en los últimos 50 años.

“Es importante que no se dé un rechazo a lo acordado, y que no se le reste credibilidad”, considera Rojas, y recomienda como única salida que los acuerdos sean sometidos a la opinión pública en las urnas, donde se medirá el apoyo popular.

“De esta manera, con un referendo se le daría legitimidad, además ante la comunidad internacional y se evitaría que la Corte Penal se metería en un proceso avalado por todo un país, que ha sido azotado por la guerra y la violencia durante medio siglo”, señala Cristian Rojas.

Contrarreloj

El lapso de tiempo para que se adopte una medida de cara a los acuerdos en la Habana es un punto en que los dos expertos coinciden plenamente.

Seis meses -dicen- sería el plazo necesario, para que se pueda hacer la requerida divulgación de lo que sería llevado a la aprobación de los colombianos, “y justo además para que no se dé un desgaste”, señala Garzón.

Para Rojas, el tiempo que deben “tomarse, al menos seis meses, es justo para hacer publicidad de lo acordado, para hacer pedagogía y dar a conocer lo acordado, y así se dé un debate nacional amplio”.

Además, es claro que este es un tema de procedimiento y de recursos, que por un lado define la Registraduría, y por el otro el Gobierno con el Ministerio de Hacienda.

Uno de los aspectos en los que se debe tener mucho cuidado es precisamente en la sencillez con la que debe ser tratado el tema y con el que se aspira llegar a las personas todo con miras a su comprensión plena. Para esto son los seis meses.

“Es importante la manera como se presente la redacción del eventual referendo, para que no se puedan dar manipulaciones o se impongan textos que induzca las respuestas”, dice Garzón.

En todo caso, y retomando a Hernández, “el Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, tiene la representación de la Nación en la materia, y además existen ordenamientos como la Ley de Orden Público y sentencias de la Corte Constitucional que respaldan las plenas facultades presidenciales en lo relacionado con el trámite, decisión y ejecución de lo que se convenga con las organizaciones armadas ilegales a partir de los diálogos que con ellas se lleven a cabo”, no obstante mejor es contar con el respaldo de los colombianos.

“En el caso del referendo constitucional, no son los acuerdos que se firmen con las Farc, en sí mismos -seguramente voluminosos, farragosos y pesados para el ciudadano del común-, los que se deberían llevar a la consideración y votación popular. El objeto del referendo previsto en el artículo 378 de la Constitución, estaría conformado por las normas que –si así se conviene- modifiquen o adicionen la Constitución, en desarrollo de lo pactado”.

Dato

Para muchos, entre ellos el Fiscal General, la aprobación popular se entiende ya surtida sobre los acuerdos de La Habana por el voto favorable que en las urnas le dieron al presidente Juan Manuel Santos para llegar a la Presidencia el año pasado.

*Bogotá| Colprensa