La Corte Constitucional determinó que de ahora en adelante los reclamantes de tierras no podrán renunciar a los procesos judiciales de restitución porque esto incentivaría a los actores armados ilegales a seguir presionando a las víctimas a desistir de su derecho a la propiedad.

En fallo de tutela, el alto tribunal señaló que los jueces no actúan de manera irregular cuando niegan ese tipo de peticiones por parte de las víctimas, puesto que de hacerlo afectarían, además, los derechos a la verdad, justicia y reparación que están implícitos en un proceso de restitución.

La Sala estudió el caso de José Miguel Gómez Cuello, quien presentó ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería una solicitud de desistimiento de un proceso que busca definir quién era el verdadero titular del predio conocido como “Parcela 76E”, ubicado dentro de otro denominado Mundo Nuevo, en Montería. Ese desistimiento fue rechazado por el despacho, por lo cual Gómez presentó una tutela por considerar que se le vulneraron sus derechos.

La Sala confirmó la decisión del Juzgado al señalar que “aceptar el desistimiento como una forma legítima para terminar el proceso de restitución de tierras incentivaría a los grupos ilegales a seguir presionando a las víctimas a renunciar al derecho de propiedad que tienen sobre sus predios y a los derechos a la verdad, justicia y reparación que se derivan del proceso de restitución”.

En el fallo, la Corte enfatizó en que la restitución de tierras se desarrolla dentro de un marco de justicia transicional y su finalidad principal no es estrictamente la definición de quién es el dueño de un terreno sino “lograr una paz sostenible y garantizar a las víctimas del conflicto armado sus derechos”.

Bogotá | Colprensa