Si bien los tiempos del Congreso ya están apretados para sacar adelante la agenda de proyectos presentados por el Gobierno y los partidos en los últimos meses, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, insistirá con una nueva norma que permita desarrollar unas mejores reglas electorales y garantizar la financiación y el funcionamiento de los partidos.

Estas propuestas ya están incorporadas en la Reforma Política y Electoral que hace trámite desde hace más de un mes en el Senado y que anoche seguía en discusión, pero el congresista pretende reforzarla con una iniciativa independiente.

La Ley de Financiamiento, como se denomina el proyecto de Barreras, busca tres objetivos en particular: lograr una financiación preponderantemente estatal para las campañas políticas, hacer ajustes a la Ley de Garantías Electorales y permitir la escisión de partidos y la obtención de la personería jurídica.

En el caso de la financiación, el propósito, explicó el dirigente, es que el Gobierno pueda autorizar anticipos efectivos que permitan a los candidatos recibir a tiempo los recursos estatales para la financiación de sus campañas, “partiendo de una base igualitaria para todos los partidos o movimientos políticos con personería jurídica”.

La norma también va en la misma línea que sugirió el presidente Iván Duque de eliminar la famosa Ley de Garantías, partiendo de la base de que ya no hay reelección presidencial.

Sin embargo, Barreras sugiere que en lugar de abolirla, se le hagan algunos ajustes como, establecer por un término más corto los límites a la contratación estatal antes de las elecciones.

La tercera propuesta apunta a que cuando un grupo de congresistas, diputados o concejales cuya votación sume un 30% de los votos del respectivo partido “o cuando dicho grupo represente una votación igual al mismo porcentaje de votos necesarios requeridos para la obtención de la personería jurídica según las normas vigentes”, puedan apartarse del partido que los eligió y conformar un nuevo movimiento, con su respectiva personería jurídica.

El autor del proyecto le solicitó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que le otorgue mensaje de urgencia para que la iniciativa pueda operar para las próximas elecciones de octubre de 2019.