La Procuraduría General de la Nación radicó en el Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral en contra de Aída Merlano, quien se encuentra en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por presuntos delitos electorales. 

El Ministerio Público pretende se anule la elección de la aspirante conservadora, quien fue elegida el pasado 11 de marzo con más de 73 mil votos.

El ente de control también solicitó “se ordene la exclusión del cómputo general de los votos contenidos en las actas de escrutinio E-24 y del Formulario E-26 SEN del 19 de julio de 2018, respecto a la declaratoria de elección de la señora Aída Merlano Rebolledo como senadora de la República”. 

El ente de control también pidió anular la credencial de congresista que emitió el Consejo Nacional Electoral “por haber ejercido coacción o violencia contra los electores, además de haber destinado recursos de su campaña política para financiar fines antidemocráticos que atentan contra el orden público y por cuanto en el acto que declara su elección se otorga pleno valor y se convalidan votos a su favor que fueron obtenidos de forma fraudulenta en el proceso electoral”. 

La Procuraduría también solicitó decretar la ‘silla vacía’ con el fin de evitar que el Partido Conservador conceda la curul de Merlano al siguiente aspirante en votos en la lista de la colectividad. 

Entre los argumentos que presentó el ente está la investigación penal en contra de Merlano, quien es acusada de hacer parte de una estructura delincuencial que se habría organizado para comprar votos en el departamento del Atlántico, y como producto de dichas indagaciones se ordenó el allanamiento de sede de campaña en Barranquilla el mismo día de las elecciones, proceso en el que se realizó la incautación de certificados electorales, cerca de 260 millones de pesos y armas de fuego.