En medio de la discusión que comenzó esta semana en el Congreso sobre el acto legislativo que le da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, son varios los cuestionamientos que han surgido sobre los vacíos que contendría la reforma y los beneficios que esto podría generar para las disidencias de las Farc.

Ante esto, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, precisó ayer que los guerrilleros de las Farc que decidieron marginarse del proceso de paz no podrán acceder a los tratamientos penales especiales previstos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como lo sugirió el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

“En el caso de las Farc-Ep, la participación en el SIVJRNR estará sujeta a la dejación de armas conforme a lo que se acuerde en el punto 3.2 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012”, recordó Jaramillo, en alusión al acuerdo que crea la JEP y que figura en el punto 38 del documento suscrito en La Habana.

En ese sentido, explicó que quienes no le entreguen sus armas a la ONU en las zonas veredales que se dispusieron para el proceso de desmovilización, no podrán recibir los beneficios que se establecieron como parte de su reincorporación a la vida civil.

“Para participar en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad se debe acreditar la pertenencia a la organización, de conformidad con el procedimiento establecido en el Acuerdo y en la ley para la entrega de listados por parte de las Farc”, dijo Jaramillo, al advertir que la guerrilla se hace responsable de la veracidad y exactitud de la información contenida en dichas listas.

El alto comisionado insistió en que quien no se acoja al acuerdo de paz perderá todos los beneficios y será investigado por la jurisdicción ordinaria y que cualquier delito cometido por las Farc después del 1 de diciembre, no podrá ser objeto de tratamiento especial.